En el momento en que el gobierno promociona el contrato sindical.
César A. Luque F.
17/05/08
Para algunos no debe significar nada la palabra esquirol, que antes se utilizaba mucho dentro del mundo sindical, que sirve para designar al trabajador que reemplaza en el trabajo al que está en huelga, o lo que es lo mismo, traiciona los derechos de sus compañeros trabajadores. Esa palabra hoy poco se usa, debe ser porque las palabras también pasan de moda, porque esquiroles siguen existiendo y hoy parece que más que antes. Hoy están brotando por muchas partes, sirviendo no para matar físicamente a los sindicalistas, pero si para minar su espíritu, para desconocerles sus derechos alcanzados a través de las luchas de años y años, que desgraciadamente vienen siendo olvidadas.
Mientras miles de trabajadores marchaban el 1º de mayo en todas las ciudades de Colombia, recordando a los caídos en 1886 por su lucha para alcanzar el triple ocho, en un recinto en Medellín algunos sindicalistas y ex sindicalistas brindaban apoyo al gobierno de Alvaro Uribe Vélez, al TLC con los EE.UU. y nos mandaban a decir que el camino para el verdadero sindicalismo era el contrato sindical y las cooperativas de trabajo asociado (CTA), olvidando que es en este gobierno en que se siguen violando los DD.HH. de los trabajadores, los luchadores sociales y los miembros de la oposición, como olvidan que el TLC solamente favorecerá a las multinacionales y los contratos sindicales desnaturalizan el derecho de asociación, siendo las cooperativas de trabajo asociado la forma moderna de la esclavitud.
Es que este gobierno pretende que los sindicatos que conviertan en verdaderos empleadores por medio del contrato sindical para que exploten a trabajadores a favor de las grandes empresas, convirtiendo al sindicato en una empresa con ánimo de lucro, que permita a los empresarios tener mano de obra más barata, si ya no la obtenido por medio de las CTA, una de las creaciones del senador Alvaro Uribe Vélez en 1988, como lo fue la ley 50 en 1990 y la ley 100 de 1993, ésta última compartiendo la paternidad con Germán Vargas Lleras, presidente del Partido Cambio Radical, uno de los que tiene más congresistas presos por sus nexos con grupos paramilitares, tipo R. Montes, R. D. Quintero, Pinedo Vidal, O. Wilches, y otros como Luis Carlos Torres que renunció para evitar a la Corte.
En el Seminario “Si al Contrato Sindical” estuvieron varios esquiroles, prolijos en elogios para el gobierno que pisotea a sus compañeros, para supuestamente fundar un nuevo sindicalismo del lado del gobierno, que tenga ánimo de lucro y vea como propia la explotación de los trabajadores, eliminando el espíritu del sindicalismo que es la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Esos que fueron ovacionados por AUV, contrario a los demás sindicalistas que son descalificados, como los ex guerrilleros que no trabajan con él. Carlos Franco, Rosemberg Pabón Pabón y Hebert Bustamante son un ejemplo, pero Gustavo Petro y León Valencia son subversivos de civil, será porque fueron ellos quienes desde dos esquinas diferentes, el Congreso y la Academia, desnudaron los nexos del gobierno y sus socios políticos con el paramilitarismo.
¿Quiénes participaron en ese seminario?. Sintrainagro del Urabá, Germán Restrepo del sindicato de la Compañía de Empaques, Fernando Cadavid del de Leonisa, Gustavo Palacio del de Trabajadores de la Industria Minera y Ana Lucia Rojas del de la Industria de las flores y un representante de los trabajadores de la Organización Grajales, hoy incautada por los nexos con narcotraficantes de sus dueños, y la presencia del presidente de la Cámara de Representantes, Óscar Arboleda, que una vez dijo: “cada colombiano tiene un paramilitar en el corazón”.
Palacio dijo: “Si hay inversión hay empresas, y si hay empresas hay trabajadores, y si hay trabajadores hay sindicatos. No a la inversa, como el sindicalismo lo pensaba en este país, que primero el sindicato, segundo el sindicato y tercero el sindicato. ¿Los empresarios qué, y los trabajadores qué?”. La existencia de los derechos de los trabajadores no significa la terminación de las empresas, sino la de un trabajo digno y decente, que incomoda a los neoliberales, que sólo desean mejorar las ganancias de los empresarios. Allí estuvo además el Alcalde de Apartadó, Osvaldo Cuadrado Simanca quien fuera presidente de Sintrainagro y que fue elegido en ese municipio a nombre de Convergencia Ciudadana, antes presidido por ex senador Luis A. Gil, que renunció a su curul y ante la Fiscalía aceptó sus nexos paramilitares, quedando pendiente su condena.
Ese Alcalde el 14 de abril destacó que hizo loby en el Congreso de los EE.UU. para que apruebe el TLC con Colombia, hablando como alcalde y sindicalista, diciendo: “Si el congreso de Estados Unidos quiere apoyarnos es la ocasión para hacerlo con la aprobación del TLC, pues ya hemos realizado esfuerzos que justifican su apoyo…”. Él tenía empleado al ex sargento, Luis Eduardo Mahecha retirado de la institución por robar un fusil y es acusado de dar muerte a José Orlando Giraldo, un campesino acusado de colaborar con la guerrilla, en el corregimiento de Golondrinas en Cali y es señalado de ser un hombre clave en el “Caso Jamundí” ya que para esa época de los hechos hacía parte del Batallón de Alta Montaña No. 3 como jefe de inteligencia y por información del El País, hizo 19 llamadas a uno de los condenados el día de los hechos y al teniente H. Castro que comandó la operación donde murieron diez policías y un civil informante.
Según el DAS el detenido se desempeñaba en la alcaldía de Cuadrado Simanca “desde el 1 de enero de este año se desempeñaba como asesor de seguridad de la actual Administración Municipal, en temas relacionados con protección a miembros del Gabinete e instalaciones” y “era presidente de Proagrícola Campesina, asociación sin ánimo de lucro, encargada de gestionar recursos ante el Ministerio de Agricultura para el desarrollo de proyectos propios de esta materia” dijo José Alexis Mahecha, director de la Seccional del DAS.
Esos son los “sindicalistas” o será mejor decirles, esquiroles que quieren formar un sindicalismo con el gobierno, bajo un “Pacto Social por un Nuevo Sindicalismo”.
Nota: En esa reunión fue que el presidente Uribe decidió pagarle $100.000 a cada servidor público de orden nacional, buscando comprar su apoyo, el que parece considera así de barato.