¿Será que estamos condenas a repetir la historia?
César A. Luque F.
5/12/08
En nuestro país a veces parece que estuviéramos condenados a repetir constantemente la historia, pero no los hechos que debiéramos repetir a cada rato, sino desgraciadamente aquellos acontecimientos que dan vergüenza, pero que no debemos olvidar para no permitir se repitan. La masacre de las bananeras que ocurrió el 6 de diciembre de 1928 en la región del Magdalena, Ciénaga, Aracataca, El Retén a manos del Ejército del gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez en asocio de la explotadora de los trabajadores la United Fruit Company, multinacional bananera, es uno de esos.
El país contrario a lo que se pueda pensar hoy, se enteró de esa masacre apenas en septiembre de 1929, cuando un valeroso representante a la cámara, Jorge Eliécer Gaitán hizo un debate para denunciar las tropelías, tema del que también se ocupó, casi en forma solitaria, Gabriel García Márquez en su obra Cien años de soledad publicada por primera vez en 1967, hechos de sangre olvidados por la gran mayoría de los colombianos y desconocidos por muchos más, ya que ni siquiera desde el mundo sindical colombiano recordamos el sacrificio de cientos y cientos de trabajadores explotados y campesinos que tuvieron como desgracia ser vecinos de las explotaciones bananeras de la multinacional gringa.
En la madrugada del 6 de diciembre de hace ochenta años se le ordenó a las tropas del Ejército disparar contra los huelguistas bananeros que protestaban por las condiciones indignas en que tenían que trabajar, como no tener un sistema de salud, ni para los trabajadores, ni sus familias; recibir como pago por su trabajo vales que solamente podían ser descambiados en los comisariatos de la patronal la United Fruit Company, propuesta que ahora quiere ser revivida por el representante a la cámara conservador, Santiago Castro que pretende extender este tipo de pago a todos los colombianos con salario, los que cada día son menos, a través de un proyecto de ley que hace transito en el Congreso; también por las largas jornadas de trabajo en un clima bastante insalubre y muchas más condiciones de semiesclavitud en que laboraban al servicio de la multinacional gringa, hoy llamada Chiquita Brands, la misma que en EE.UU. aceptó financiar paramilitares utilizando su puerto en el Urabá para ingresar armas sin ninguna vigilancia oficial.
Nunca se supo el número de asesinados por orden el general, Carlos Cortés Vargas en la estación del ferrocarril de Ciénaga, unos dicen que siete otros que más de cien y el nobel dice que tres mil, como tampoco se pudo establecer el número de muertos entre los vecinos a las plantaciones de banano, quienes fueron asesinados por el Ejército para quitarles sus tierras a favor de la multinacional, fuerza militar que también se dedicó a cobrarle a los trabajadores impuestos tales como el de pisadura, el salvoconducto, el de salud, pagadero por estar alentado, y el de profesión u oficio, además de los impuestos corrientes, pudiendo imponer cárcel y trabajos forzados a quienes no los pagaran, todo bajo el estado de sitio decretado a partir de 1826, dineros de esos inauditos impuestos que fueron a parar a los bolsillos de los comandantes, bajo la mirada cómplice del presidente, Miguel Abadía Méndez y la clase dirigente nacional.
Mucho se dijo después que el presidente no había tenido que ver con esos hechos de sangre, pero la evidencia dice lo contrario. En un discurso llegó a acusar a las víctimas de perpetrar los hechos, pero nada dijo de los victimarios, o mejor sí dijo, llegó a elogiarlos tanto que posteriormente quien ordenó disparar fue nombrado director de la Policía. Respecto de los trabajadores dijo que habían cometido: “verdaderos delitos de traición y felonía, porque a trueque de herir al adversario político, no vacilan en atravesar con su puñal envenenado el corazón amante de la patria”, metáfora que no se aplicaba, ya que ellos no hirieron a nadie, ni figuradamente, sino que fueron las víctimas de ese horrendo crimen, crimen que además se extendió por varios días sobre toda la región bananera del Magdalena.
Como muchos han puesto en tela de juicio la complicidad en esos hechos de sangre entre el Ejército y la United Fruit Company, ésta última llegó a pagar varias veces a algunos heridos para que no declararan en contra de los oficiales de la fuerza pública, quienes además vivían en inmuebles de propiedad de la multinacional, como lo certificó en su momento un testigo de nombre Adolfo Rosas, cuando dijo: “puedo declarar como le consta a todo el pueblo que los oficiales vivían en la casa llamada “La Francesa” de propiedad de la United Fruit Company. Durante los primeros tres días los oficiales estuvieron en la plaza en casa de Alfredo Hernández, colombiano, y después se pasaron por todo el resto del tiempo a la casa de la United.” Pero algo peor testimonió Guillermo Ariza, cuando dejo claro que los militares estaban a la orden de la multinacional bananera.
El testimonio de Ariza contenía el siguiente relato: “El día 14 de noviembre del año pasado (refiriéndose a 1828) como a las 9 de la mañana llegó un tren militar a El Retén, compuesto de dos plataformas, dos carros de arrear animales y un carro de primera. Sobre las plataformas venían los soldados con dos ametralladoras y en el carro de primera venían el coronel Díaz, el capitán Guarín, el capitán Garavito y otros oficiales y el señor Francisco Sáenz, superintendente de la United en distrito de Santa Ana.” (…) “Al informarles sobre lo que nos exigía, nos envió al tren a fin de que le expusiéramos al coronel Díaz lo mismo que a él la habíamos expuesto. Así lo hicimos y al llegar ante el coronel Díaz, que se encontraba con el señor Francisco Sáenz, nos recibió déspotamente, y sin informarse de qué se trataba ordenó que se nos llevara presos inmediatamente. Fue el mismo superintendente, señor Sáenz, quien designó las personas que debíamos ir presas”.
Así como el Estado en aquel entonces estaba al servicio de una multinacional, ahora también lo está, no de otra manera se puede explicar que habiendo la Chiquita Brands aceptado su responsabilidad en la muerte de sindicalistas y campesinos al permitir que por su puerto libre se trajeran armas para los grupos paramilitares, además de darles dinero en efectivo, por lo que recibieron una condena de la justicia de EE.UU. de 25 millones de dólares, sin que aquí la Fiscalía General de la Nación haya iniciado investigación alguna al respecto, ni la Superintendencia de Puertos haya hecho lo propio, quedando en la impunidad crímenes que debían ser reparados. El gobierno también ha permanecido en silencio, cuando debía pronunciarse al respecto.
Hoy como hace 80 años los derechos de los trabajadores son desconocidos, ahora a través de la nueva forma de esclavitud, las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), el asesinato, la persecución por parte del Ministerio de Protección Social al derecho de asociación sindical y por parte de las grandes empresas del derecho a la negociación colectiva. Para poner un ejemplo, si un empacador de Carrefour, una multinacional francesa, trabaja una jornada completa empacando mercados a los compradores y no recibe sueldo, sino que su único ingreso es la “limosna” que los clientes les dejan en una alcancía. Será que hemos avanzado en estas ocho décadas, todo parece indicar que no, ya que sigue la explotación humana, bajo la mirada de toda la sociedad de consumo, a la que no le importa ni esto, ni nada, siempre y cuando pueda comprar muchos productos, algunos de los cuales ni siquiera necesita.
Nota: RCN y Caracol demostraron su poder. Por la decisión de la Comisión Nacional de Televisión de cobrarles 82 millones de dólares por la prorroga de la concesión y la apertura de un tercer canal, entidad que por mandato constitucional es autónoma, fueron a donde el Presidente de la República que ordenó reversar la decisión sobre la prorroga, sin importar que es el resultado de un estudio de dos bancas de inversión por un valor $ 1.000 millones, pero que el dictadorsuelo consideró en unos minutos inadecuado. Eso es dando y dando.