EL SECUESTRADO QUE A NADIE LE IMPORTA

¿Los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás?

César A. Luque F.
24/05/08

Nuestra constitución establece en su artículo 44 que los derechos de los niños prevalecen respecto de los demás, mandato que como muchos de la carta política se han convertido en rey de burlas tanto por particulares y autoridades, como en el caso de un secuestrado que parece no le importa a nadie. Los grandes medios nunca lo mencionan, los miembros del gobierno jamás lo han tenido en cuenta, y las autoridades que por ley tienen que brindarle protección nada hacen para liberarlo, sabiendo además quien lo tiene en su poder y hasta en donde puede estar. Donde estarán el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, y el Ministerio de Protección, seguramente sumergidos en la politiquería, la corrupción, el clientelismo rasgos preponderantes de éste gobierno.

A quien me refiero es a Andrés Suárez Cordero, un niño que debe tener aproximadamente doce años y que desde los dos meses de nacido está secuestrado por quienes asesinaron a su madre, que ahora lo crían como si fuera su hijo, estilo dictadura argentina, donde militares asesinaban a los padres para quedarse con los niños y criarlos como si fueran sus hijos.

Lo que se conoce de éste niño data junio de 1996, cuando en la vereda La Esperanza, municipio de Carmen de Viboral, al suroriente del departamento de Antioquia, una campesina encontró a un niño de unos dos meses, con un tarro de leche, una bolsa de pañales y un carné del hospital de Chigorodó (Antioquia) donde constaba que estaba vacunado, niño que era hijo de dos guerrilleros del EPL, que habían llegado a la región unas semanas antes. El niño había sido abandonado por su madre, para salvar la vida, cuando ella fue llevada por paramilitares, que le dieron muerte, grupo de asesinos que luego regresaron a la vereda a buscar el niño junto con el padre, llevándose junto con la criatura al esposo de la campesina que lo había recogido y otros dos niños de diez y doce años respectivamente.

El grupo que cometió el asesinato de la madre y el secuestro del niño, junto a otras 16 personas era dirigido por el jefe paramilitar Ramón Isaza, quien en sus versiones libres ha dicho no recordar sus crímenes, pero sin embargo, ha aceptado la existencia del niño, a quien su hija Ana Yasmira Isaza lo ha cuidado como si fuera su hijo, por lo que en una de sus versiones ante los fiscales prometió “legalizar” el niño para que fuera entregado legalmente a su hija, como si fuera la venta de un bien, mostrando su condición asesina que hoy está siendo perdonada por el Estado bajo la ley de Justicia y Paz, que no sirve para hacer justicia, ni mucho menos para alcanzar la paz, ya que esos paramilitares hoy siguen aterrorizando al país por campos y ciudades, siendo llamados por el gobierno bandas emergentes.

Tiempo después de haber sido secuestrado se estableció que Andrés vivía en el campamento donde le dieron muerte, luego de torturarlos a 17 secuestrados en la vereda La Esperanza. Allí el padre del niño se convirtió en un paramilitar más, lo que es usado por el jefe paramilitar para sostener que “Nosotros no hemos secuestrado ningún niño, Dayan Andrés está vivo, el papá es un amigo más de las autodefensas.”, tal como lo reseñó Noticias Uno al principio de este año, donde como hoy se echa de menos la actuación de las autoridades que están en la obligación de obtener su liberación y de castigar a los delincuentes que cometieron delitos de secuestro, homicidio, tortura, desplazamiento forzado, desaparición, porte ilegal de armas de uso privativo de la Fuerza Pública, entre otros muchos, y ahora suplantación al hacer ver al niño como un nieto del asesino de su madre, que hoy dice adorarlo, quien atribuyó a su hijo muerto Omar Isaza el secuestro.

La campesina que había cuidado al niño el año pasado decía sobre él: “Yo le pido a Dios por ese niño. Todos los días rezo para que no se convierta en otro paramilitar más”. Este caso se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que en ese crimen también estuvieron envueltos soldados del Ejército, que justificaron su acción diciendo que allí había miembros de la guerrilla. Esa valiente campesina que hoy denuncia estos hechos en los que perdió a una prima, dos hermanos y su esposo, Hernando Castaño, quedando sola para sostener sus cuatro hijos, sostiene enérgicamente “Pero así como tengo que trabajar por mis hijos, también tengo que seguir denunciando, cada vez que pueda y en donde pueda, lo que pasó en la vereda La Esperanza, porque queremos la verdad, necesitamos la verdad, para calmar el dolor. Una cosa si quiero decir: mientras no haya verdad y justicia, la guerra no terminará”.

Con la entrada en vigencia el año pasado de la ley de Infancia y Adolescencia es el Estado el encargado por intermedio de sus instituciones de reparar los daños ocasionados y restablecer sus derechos. En la revista Semana del 07/05/07 un funcionario del ICBF dijo: “la institución nombrará un defensor de familia para que se apersone del caso, indague cuál es la situación del niño y se garantice el retorno al seno de su familia biológica”, sin que hasta ahora haya resultado alguno, como no existe respecto de miles de niños que en las ciudades y el campo colombiano sufren vejámenes de los adultos.

            cesarluque@yahoo.com                                                                                     

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