¡VIVA LA IMPUNIDAD!

Reporta frutos la Corte de bolsillo

CÉSAR A. LUQUE F.
03/06/2008

Para nadie es un secreto del enfrentamiento que ha existido desde hace unos años entre las dos Cortes, la Constitucional y la Suprema de Justicia, a la par que el Ejecutivo, representado por el Presidente de la República toma partido por una y otra indistintamente de acuerdo a su conveniencia, enfrentamiento no jurídico, sino por el poder, donde de cuando en vez intervienen el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Consejo de Estado y el Fiscal General de la Nación, quienes defienden sus intereses o los de sus amigos, o podríamos decir sus cómplices.

Desde que Álvaro Uribe Vélez se presentó como candidato en el 2002 a la Presidencia de la República sostuvo que se debía eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, por ineficiente y por obstaculizar el desempeño de la administración de justicia. Ya elegido el discurso empezó a variar, sobre todo cuando terció en la elección de varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura e inmediatamente se alió con la Corte Suprema de Justicia, planteando junto a su entonces Ministro del Interior y de Justicia el recorte de la acción de tutela y aún el desaparecimiento de la Corte Constitucional para devolverle los poderes que antes de la Constitución Política de 1991 tenía la Corte Suprema de Justicia, ante lo cual ésta mostró su complacencia. Prueba lo anterior que desde hacía tiempo existían denuncias contra varios congresistas por nexos con grupos paramilitares y ninguna investigación se había iniciado. Su deseo de eliminar la Corte Constitucional se desvaneció cuando empezaron a llegar las demandas contra el Acto Legislativo que consagraba la reelección presidencial, Acto Legislativo que contenía 21 causas para declararlo contrario a la constitución.

Con el poder en la mano, la Corte Constitucional dejó de ser una amenaza para el poder presidencial, por el contrario se hacía indispensable para que fuera declarado constitucional el Acto Legislativo “persuadir” a los magistrados que la integraban. Así fue nombrado embajador en París (Francia) el padre del entonces presidente de la Corte, Manuel José Cepeda, Fernando Cepeda Ulloa, y a otros sus amigos, parientes, cónyuges les fueron dados cargos, pero eso sí, por meritocracia, jamás como una dadiva ilegal, que pudiera rayar en el delito, por lo que contrario a lo que el derecho indicaba el Acto Legislativo que contenía la reelección presidencial fue declarada constitucional. En ese momento la Corte Constitucional dejó de ser un peligro para el gobierno. Pero como ya había acuerdos previos, como presentar un proyecto de Acto Legislativo que reformara la Administración de Justicia donde la Corte Suprema de Justicia adquiriera poder preponderante frente a la otra Corte, cuando se dio el aval a la reelección, dicho proyecto no fue presentado al Congreso.

Al no haberse presentado el proyecto de Acto Legislativo para reformar la administración de justicia la Corte Suprema de Justicia se sintió traicionada por el Presidente de la República, por lo que su presidente el magistrado Yesid Ramírez en el diario El Tiempo dijo que el Presidente era un “mentiroso”. La acción estaba por venir. La Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Penal dio vía libre a las investigaciones contra miembros de la coalición de gobierno pertenecientes al Congreso. Fueron detenidos, Eric Morris Taboada representante a la Cámara por el Partido Colombia Democrática por el Departamento de Córdoba, donde había sido su Gobernador, con él fue detenido su jefe político, Álvaro García Romero y el también senador, Julio Merlano Fernández, perteneciente al Partido Social de Unidad Nacional, mejor conocido por Partido de la U. Después la cascada de detenciones se precipitó. De esa forma la Corte respondía la traición que el Presidente había cometido en su contra.

Pero la Corte Constitucional todavía contaba con algunos magistrados que presentaban una postura contraria al gobierno, por lo que el gobierno enfiló baterías para obtener una mayoría indiscutible, así presentó y presionó en el Senado la elección de su Jefe de la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República, el señor Mauricio González Cuervo, o como lo conocen sus amigos el “doctor salsa”, por su dotes de bailarín de esa música, que le sobran, mientras dotes jurídicos le faltan, tanto que las otras dos personas postuladas en la terna presentaron renuncia, sabiendo que el gobierno las ponía de relleno. Así consiguió el gobierno una Corte Constitucional de bolsillo, con magistrados de sus entrañas, lo que se había acrecentado con la elección del ultra conservador, Nilson Pinilla Pinilla que venía de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, aplicando el “carrusel” que se dan en los cargos importantes de la administración de justicia. Ese magistrado es un abierto enemigo de la acción de tutela.

Con la presión de los amigos del gobierno encarcelados, faltaba encontrar un mecanismo jurídico que pudiera salvarlos y esa se dio esta semana pasada, el 29 de mayo de 2008 cuando la Corte Constitucional decidió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 553 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), donde se puso a legislar para que el Congreso no pasara por la vergüenza de hacer una ley para favorecer a los congresistas detenidos. Entonces creó el camino para que los congresistas salgan de la cárcel, se dijo que a partir de la sentencia, para los congresistas que cometan delitos de ahora en adelante, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal no pueden los mismos, investigar y juzgar, lo que no esta contemplado en la Constitución Política de Colombia, ni el Código de Procedimiento Penal, sin que eso tampoco viole tratado internacional alguno. Pero cualquiera pensaría que no hay problema porque eso se aplicaría para los congresistas que cometan de ahora en adelante delitos, pero eso no es así.

En derecho penal existe, no sólo en Colombia, sino en el mundo occidental, un principio que se llama de la favorabilidad, que estipula que cualquier norma o providencia que se permisiva o más favorable a un investigado o condenado penalmente se debe aplicar contra la desfavorable, lo que implica en la práctica que los congresistas condenados y los investigados podrán plantear nulidades en sus procesos por violación del debido proceso y el derecho a la defensa y de ser negadas esas peticiones, podrán acudir a la acción de tutela, las que en últimas por la revisión han de ser resueltas por la misma Corte Constitucional. Así hoy están en peligro inminente los procesos de la parapolítica, la yidispolítica y las condenas que desde 1992 haya proferido la Corte Suprema de Justicia contra los honorables “padres de la patria”. Que viva la impunidad, esa es la forma de consolidar el poder en Colombia, donde la clase política y la delincuencial están mezcladas, mientras el pueblo permanece inmóvil. ¿Hasta cuando?.

                                                                             cesarluque@yahoo.com  

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