Desde el Fiscal General hasta el funcionario de más bajo rango están en duda
CÉSAR A. LUQUE F.
15/06/08
En días pasados otra vez asistimos al bochornoso espectáculo de que el señor Jorge Noguera, primer director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el también primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, saliera de la Penitenciaria de la Picota en Bogotá D.C., no porque haya sido absuelto de sus crímenes, que van desde darle información privilegiada del DAS sobre sindicalistas y dirigentes sociales al grupo paramilitar dirigido por “Jorge 40”, muchos de los cuales luego fueron asesinados, como Alfredo Correa de Andreis, hasta el de pertenecer a ese grupos de asesinos, sino porque la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Penal tuvo nuevamente que declarar la nulidad del proceso que en su contra se le sigue, ya que estando establecido en el Código de Procedimiento Penal que quien lo debe investigar por el cargo que desempeñó, es el Fiscal General de la Nación, éste delegó tal obligación en un subalterno, que por muy capaz, como dicen que es, no puede adelantar dichas diligencias judiciales, y habiéndolas adelantado están han sido anuladas, por violar uno de los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política, que es el del Juez Natural, que no es otra cosa, que nadie puede ser investigado por funcionario diferente al que la ley establece, para el caso particular el más alto funcionario de la Fiscalía.
Cualquiera podría afirmar, que es de humanos equivocarnos, sin embargo para este caso el Fiscal ya había sido advertido por la Corte Suprema de Justicia, cuando en otra oportunidad había anulado otro proceso que contra Noguera se sigue, además que el Consejo Superior de la Judicatura había resuelto un habeas corpus a su favor, que lo había puesto fuera de la cárcel. En ese entonces la magistrada Leonor Perdomo tuvo que aplicando la ley, otorgar el habeas corpus, ordenando la libertad inmediata. Entonces fuera que la ley le ordena la Fiscal General adelantar las investigaciones de los altos dignatarios del Estado, y el Director del DAS, lo es, otros funcionarios judiciales le habían advertido sobre su obligación, siendo esa la razón por la cual la Corte Suprema ordena que luego de dejar libre a Noguera, se abra investigación contra el Fiscal General por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que más parece una comisión de absoluciones.
Pero como si lo anterior no fuera suficiente, poder predicar sin temor a equivoco alguno, que el Fiscal General de la Nación no conoce ni sus funciones, ni la ley, algunas de las cuales él mismo ha patrocinado para que fueran aprobadas por el Congreso, lo más grave es lo que acaba de ocurrir como resultado de los exámenes de conocimiento jurídicos en desarrollo del concurso para proveer los cargos de Fiscales en todo el país, ya que la mayoría de los que los desempeñan hoy están por fuera de la carrera administrativa y pueden ser removidos de sus cargos en cualquier momento. En resultado no podía ser peor, solamente superaron el examen el 35% de quienes laboran en la entidad, mientras que el 65% lo perdió, sin embargo, éstos funcionarios que no tienen los suficientes conocimientos seguirán resolviendo lo concerniente a la libertad de los colombianos hasta tanto termine el concurso y se posesionen los nuevos fiscales.
Ese resultado que paso desapercibido para la opinión pública, crea desazón ya que estamos en manos de Fiscales que no tienen los suficientes conocimientos jurídicos, empezando por el propio Fiscal General. Como quien dice la administración de justicia esta en manos de quienes no dominan el conocimiento jurídico, por eso seguirán yendo personas a la cárcel siendo inocentes, mientras muchos culpables se salvan de ir a ella, bien por corrupción, bien por ineptitud, o por ambas, situaciones ambas suficientemente graves como para tomar medidas.
Recordemos como por ejemplo, el Presidente del Banco de Colombia, hoy Bancolombia, fue detenido por orden de un Fiscal y a los pocos días tuvo que ser dejado libre, ya que para el delito que se imputaba no era procedente ese tipo de medida. Hace apenas unos meses fue detenido, con el impacto mediático respectivo, el ex director del IDU, Andrés Camargo para darle pocos días después la detención domiciliaria y la semana pasada darle la libertad incondicional o la detención del ex director del FINAGRO, que privado de la libertad, tuvo que ser dejado libre al día siguiente, para citar apenas unos pocos casos de resonada importancia para los medios de comunicación, siendo que los que no importan a noticieros, periódicos o revistas son miles y miles, como cuando se daban las llamadas “pescas milagrosas” de cien o más detenidos, que luego han tenido que dejar libres, con el mal para ellos, sus familias y aún para el Estado que resultado demandado por los perjuicios ocasionados, los que deben ser pagados de los impuestos que pagan todos los colombianos.
Siendo tan nublado el panorama de la entidad encargada de investigar los delitos que se cometen, no entiendo la reacción de Asonal Judicial ante el resultado del concurso de fiscales y funcionarios, que amenaza con paros y protestas, cuando debería era avalarlo y solicitar se acelere su terminación para que sean personas capaces los que administren justicia y no muchos de los que hasta ahora la han desadministrar cometiendo muchas injusticias.
Hoy me pregunto en manos de quienes esta la justicia y la posibilidad de privar de la libertad a cualquier colombiano, pudiendo decir, que la mayoría de los casos los manejan personas que ignoran la ley, eso es como poner a una persona a manejar un bus lleno de personas sin que sepa manejar. Será que los colombianos ya olvidaron los casos de Rito Alejo del Rio, en la anterior Fiscalía, la del brujo Armando Martí en ésta, como también el de la Fiscal ante la Corte que filtró información para el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, o la Fiscal encargada de las relaciones internacionales, que también lo hizo y aún el caso del Bancolombia que fue reasignado, como lo fue hace apenas unos días el caso del abogado del Presidente de la República, donde a la Fiscal que lo llamó a indagatoria se le removió de su cargo.