En el actual modelo consumista que tiene el país, la mayoría de los trabajadores creen que los derechos que hoy tenemos, que debían ser más y mejores, son el resultado de decisiones de los gobiernos de turno o de los empleadores a quienes prestan sus servicios, desconociendo que son el resultado de luchas de millones de trabajadores por tener condiciones dignas y justas de trabajo, desde que existen formas de trabajo en nuestra tierra.
Aquí tuvimos esclavos, cuando los españoles conquistaron nuestras tierras y sometieron a los indígenas a duras formas de trabajo, que les causaba la muerte, entonces empezaron a traer esclavos de África, a quienes en la época de la Independencia les prometieron la libertad, si ganaba la Independencia, pero lograda ésta, les incumplieron, y solamente aprobaron la ley de vientres, ya que hasta 1851 fue prohibida la esclavitud, por el presidente José Hilario López.
En las dos últimas décadas del siglo XIX se empezaron a construir algunas fábricas, ya se habían construido largas líneas férreas, cuando se empezó a hablar de derechos de los trabajadores, especialmente en esas obras donde había extranjeros, que contaban que en sus países ya los trabajadores se habían levantado para exigir buenas condiciones de trabajo, hasta que en 1909 fue creado el primer sindicato en la República de Colombia, el de artesanos de Sonsón en Antioquia, forma de organización que se fue extendiendo sobre todo a puertos y pozos petroleros, donde había noticia que en otras partes, ya había sindicatos que estaban mejorando la vida a los trabajadores.
En 1914 fue asesinado el general Rafael Uribe Uribe, cuando se dirigía al Capitolio, donde estaba impulsando la aprobación de una ley que protegiera a los trabajadores cuando sufrían un accidente de trabajo, la que luego de su desaparición física fue aprobada, siendo la ley 57 de 1915, primera ley que protegió a los trabajadores accidentados, antes sin protección alguna.
En 1919 fue permitida la huelga, sin embargo, años después, por la ley 69 de 1928, llamada por algunos, los más conservadores, heroica, se censuró a la prensa, y se prohibió la huelga, esa que desde entonces fue considerada delictiva, bajo cuyo nuevo mandato se dio la mayor masacre contra los trabajadores, la masacre de las Bananeras el 6 de diciembre de 1928, en Ciénaga (Magdalena), donde los trabajadores luchaban para que no les siguiera pagando en vales, tuvieran educación sus hijos, hospitales para todos, lo que para la United Fruit Company, eran excesivas peticiones, por lo que fue más fácil que el Ejército disparara contra los trabajadores y sus familias, ocasionando un número indeterminado de muertos, para nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez en su obra cumbre, Cien años de soledad, fueron más de tres mil, y para el líder popular Jorge Eliécer Gaitán, en la investigación que hizo, más de mil muertos, y para la embajada de EE.UU. no más de nueve muertos. Hoy incluso hay políticos que niegan que esa masacre haya existido, como la de los sastres del 16 de marzo de 1919, cuando protestaban porque los uniformes nuevos para el Ejército, iban a ser confeccionados en EE.UU., mientras aquí los sastres no tenían trabajo. Marcharon y fueron reprimidos a tiros por parte del Ejército, que dio por resultado, veinte muertos en Bogotá.
En 1936 habiendo terminado el Hegemonía Conservadora (1886 – 1930), y con gobiernos liberales (Olaya Herrera (1930 – 1934 y López Pumarejo 1934 – 1938), fue reformada la Constitución de la República de Colombia de 1886, incluyendo como derechos de los trabajadores de orden constitucional, el derecho de asociación sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga, consiguiéndose acumular algunos derechos en los años siguientes, hasta que en 1948 fue aprobado el Código Procesal del Trabajo y en 1950 el Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T.) vigente actualmente, donde trae los mínimos derechos que debe gozar un trabajador, derechos que son de orden público, y por tanto de obligatorio cumplimiento.
El sindicalismo fue proscrito y perseguido en la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla (1953 – 1957), siendo en la década del sesenta, ya en el Frente Nacional (1958 – 1974), el momento en que los derechos de los trabajadores fueron fortalecidos con el decreto 2351 de 1965, entre ellos uno tan importante, como el fuero circunstancial que protege a los trabajadores en tiempo de negociación colectiva, que quien lo creyera, aún los empresarios tratan de debilitar, despidiendo trabajadores sin justa causa.
En la década del ochenta del siglo XX, el movimiento social se fue fortaleciendo, cuando gobernó Belisario Betancourt (1982 – 1986), se habló de un proceso de paz con las FARC o incluso con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. El movimiento sindical se buscó fortalecer cuando en 1986 fue fundada la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), resultado de agrupar diferentes sindicatos independientes y que venían de otras centrales, siendo ese año en que un candidato a la presidencia de la izquierda, logró el mayor número de votos en toda la historia, Jaime Pardo Leal por la Unión Patriótica (U.P.), que luego sería asesinado por fuerzas estatales unidas al paramilitarismo, que se venía fortaleciendo desde 1965 cuando fue permitido legalmente.
A partir de 1986 se desencadenó un verdadero genocidio político contra la U.P. en el que fueron asesinados en los siguientes años, seis mil militantes, directivos, concejales, alcaldes, congresistas, y dos candidatos presidenciales. Algunos de los asesinados fueron Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, José Antequera, Pedro Jiménez, Leonardo Posada, Manuel Cepeda, y miles y miles. El sindicalismo también fue victima y lo siguió siendo hasta la segunda década del presente siglo, donde han sido asesinados más de tres mil doscientos sindicalistas, entre afiliados y directivos, a lo largo y ancho del país.
La Asamblea Nacional Constituyente en 1991 nos dio una nueva Constitución Política, que incluyó entre los derechos fundamentales, el trabajo, el derecho de asociación sindical, además de los derechos a la negociación colectiva y huelga entre los derechos económicos sociales y culturales, extendiendo un mandato al Congreso para que aprobara un nuevo Estatuto del Trabajo, tarea pendiente aún, sobre principios como de la realidad sobre las formas, la estabilidad laboral, y muchos más, derechos que ha venido siendo desarrollados por la Corte Constitucional en sus sentencias, entidad judicial que fue creada también en esa Carta, junto a la acción de tutela, la herramienta que le dio acceso a la justicia al ciudadano de a pie. Muchos derechos han sido protegidos por la Corte Constitucional como el trabajo, la seguridad social, las pensiones, la estabilidad laboral reforzada, la maternidad y muchos más, a falta de la probación del nuevo estatuto.
Con la Reforma Laboral de la ley 50 de 1990 se recortaron muchos derechos, para poner a tono la legislación con la llegada al país del modelo neoliberal, traído desde el gobierno de Virgilio Barco (1986 – 1990), que tenía de Ministro de Hacienda a César Gaviria, luego presidente por accidente (1990 – 1994), debido al asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento por el narcotráfico. El neoliberalismo requería bajarle el precio a la mano de obra, por eso acabaron la estabilidad laboral, la retroactividad de las cesantías, crearon los fondos de cesantías y crearon la indemnización por despido sin justa causa, que luego sería rebajada a la mitad con la ley 789 de 2002, donde también se rebajó el salario de los aprendices SENA y se recortaron otros derechos laborales, siendo modificado también el sistema pensional por el acto legislativo No. 01 de 2005.
La Constitución Política de 1991 si bien trajo una lista importante de derechos fundamentales, en materia económica permitió el desarrollo del neoliberalismo, donde las entidades del Estado en su mayoría pasaron a ser privadas, entre ellas bancos, electrificadoras, acabando algunas importantes como el IDEMA, el IFI y otras más, porque lo que antes eran servicios, pasaron a ser negocios, como la salud y la educación, donde privados las han usado para enriquecerse. Figuras como la tercerización se empezaron a usar para precarizar el trabajo, junto a las Cooperativas de Trabajo Asociado (C.T.A.), sumado a la apertura económica, y ante el deseo de EE.UU. de imponer en el continente el ALCA, países que cambiaron de gobiernos, como Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia impidieron su implementación, entonces el gobierno norteamericano cambio la estrategia a los famosos Tratados de Libre Comercio (TLC), país por país, siendo Colombia uno de los que firmó, para arruinar parte de nuestra economía, lo que ha traído más pobreza. Hoy tenemos 17 TLC con diferentes países, todos fuertes económicamente, de quienes importamos, pero poco es lo que podemos exportarles.
En 1997 por la ley 361 se protegieron a los trabajadores discapacitados, protección que extendió la Corte Constitucional por la sentencia C – 531 de 2000 a los trabajadores enfermos, que no pueden ser despedidos, sin antes contar el empleador con el permiso del Ministerio del Trabajo, protección duramente atacada durante este tiempo por el empresariado, los gobiernos de turno y los partidos políticos que defienden la posición empresarial, que por diferentes medios han tratado de acabarla, lo que no han logrado, porque han encontrado una férrea oposición desde diferentes sectores obreros y políticos, y sobre todo han encontrado un muro infranqueable en la Corte Constitucional, hoy no solo guardiana de la Constitución Política, sino de la estabilidad laboral reforzada por salud, que le ha permitido al menos a unos dos millones de trabajadores enfermos, mantener su trabajo, que de otra manera ya hubieran perdido.
Con 24 millones de colombianos en condiciones de trabajar, a los que se suman unos 600 mil venezolanos, solamente tenemos 10.5 millones de trabajadores con contrato de trabajo, es decir, con garantías laborales, mientras que más 14 millones de hombres y mujeres se dedican a lo que llamamos coloquialmente, el rebusque, en diferentes niveles, desde la venta de dulces en los buses, hasta profesionales que desarrollamos diferentes actividades de nuestra profesión, o en otra actividad, sin que se vislumbre a ciencia cierta, la creación de más puestos de trabajos con garantías, para lo que indiscutiblemente se debían o terminar o por lo menos renegociar la mayoría de TLC vigentes, para rescatar diferentes actividades productivas, en el campo y las ciudades, ya que podemos ser una potencia agrícola y tener una industria importante, parte de la que hemos desmotando, y de otras ramas, que se podrían fácilmente implementar en el país, eso sí, con garantías frente a las importaciones, y no en las condiciones desventajosas que tenemos. Sin crear fuentes de empleo serias, difícilmente podremos mejorar las condiciones de trabajo en el país, ya que todo serán pañitos de agua tibia, cuando no, apenas meros parches, que mal puestos, hasta agravan la situación.
En ese entorno tan difícil, se hace indispensable que los colombianos trabajadores conozcan sus derechos y se organicen ojalá en sindicatos, con criterio, donde busquemos no soluciones populares, sino soluciones necesarias, que sean las que se requieren, para construir una sociedad donde ser recorten paulatinamente las desigualdades que pululan por todo nuestro territorio, donde estamos desperdiciando oportunidades, y sobre todo, lo más grave, generaciones de colombianos, que podían aportar a la sociedad, para ellos vivir bien, y para lograrlo, requerimos el concurso de millones, que queramos construir una Patria fuerte, decente, solidaria, que se una a la Patria Grande, como lo quiso Bolívar y que todavía no es tarde lograrlo, así sea más difícil, por esos requerimos hombres y mujeres comprometidas, capaces de luchar, con conocimiento, con estrategia y con esperanza. La lucha sigue…
César Luque
La Habana, 1 de mayo de 2024
