MAYORÍA DE EDAD

Hasta 1975 la mayoría de edad era de 21 años, a partir de entonces es 18.

César A. Luque F.

04/07/09

El 4 de julio de 1991 fue promulgada con bombos y platillos la Constitución Política de Colombia, hoy vigente, cuando el presidente César Gaviria Trujillo en asocio de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolff al firmaron, momento a partir del cual entró en vigencia. Ya han pasado 18 años y no nos ha solucionado los problemas nacionales, por el contrario ha sido atacada duramente en estos 18 años por algunos sectores de la sociedad que la ven como un atentado contra sus intereses.

Durante este tiempo ha sido objeto de 27 reformas, 26 por medio de acto legislativo y una por referendo en el 2003, donde de las 15 preguntas que se le presentaron al pueblo colombiano, una apenas logró su aprobación. Las 26 reformas restantes se han dado en el Congreso, dominado desde que a finales de 1991 se eligieran los nuevos miembros del Congreso, por mayorías que dicen defender los intereses de los colombianos de a pie, pero que realmente defienden sus intereses, y cuando son generosos, defienden los de sus socios, hasta paramilitares, familiares, los de quienes los hayan financiado, etc. De esta forma se ha venido desdibujando el carácter progresista que tenía la constitución en su parte dogmática, es decir, aquella donde están ubicados los derechos que tenemos los colombianos y las garantías, tales como la acción de tutela, las acciones populares, las de grupo, de cumplimiento, etc., consolidándose la parte neoliberal, que también tiene, en lo referente al manejo de la economía y la banca central, la hacienda pública. El resultado de que una parte de la constitución sea progresista y otra neoliberal responde a la integración variopinta que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente, donde había miembros del M – 19, liberales, conservadores, indígenas, cristianos, guerrilleros recién desmovilizados, de la U.P. e integrantes de movimientos inter-partidistas.

Por las reformas se volvieron a revivir las suplencias en el Congreso, se eliminó el Santafé del nombre de Bogotá, se modificó el sistema pensional, se disminuyeron los ingresos para las autoridades territoriales al cambiar el sistema general de participaciones, mal llamado de transferencias, se permitió la reelección presidencial inmediata, se modificó la organización electoral, se cambio la forma de elegir a los miembros de corporaciones públicas, Juntas Administradoras Locales, Concejos, Asambleas y Congreso, se restringió el derecho de movilización, acto legislativo que fue declarado inconstitucional, se reformó nuevamente la forma electoral de manejar los partidos políticos, reformas que sumadas desbarajustaron todo la estructura del Estado colombiano que había sido diseñada por el constituyente de 1991, para que el Ejecutivo, en cabeza del Presidente de la República se apoderara de todo el andamiaje institucional, regresando a modelos propios de las monarquías, o del virreinato como éramos hasta la independencia en 1819, el 7 de agosto.

Hoy las instituciones que se hicieron por la Carta Política de 1991, son un pálido reflejo de lo que fueron o para lo que fueron creadas, excepto la acción de tutela, que poco a poco pierde terreno en los estados judiciales, donde se ve con desden. La Corte Constitucional que fue creada para salvaguarda la constitución, ahora se dedica a proferir fallos que satisfagan al gobierno, sin importar que minen las instituciones políticas nacionales, como cuando declaró constitucional la reelección presidencial, por dadivas, pero no por razones jurídicas. La Defensoría del Pueblo, creada para promover los derechos humanos, hoy en manos de un burócrata, como lo es Wolmar Pérez, que tiene un pastel burocrático en la defensoría pública. El Consejo Superior de la Judicatura, que fue creado para darle valía a la justicia y hoy le da es vergüenza. La Fiscalía General de la Nación, creada para perseguir el delito, que se ha convertido en el verdugo de quienes son considerados de ruana, mientras los delincuentes de alto nivel, pasan desapercibidos. Para no hablar de la Contaduría General de la Nación, institución anodina, la Auditoria General, inexistente, la Comisión Nacional de Televisión, foco de corrupción, la autonomía del Banco de la República, eliminada por la reelección.

Si ese panorama no fuera lo suficientemente oscuro, el hecho que más preocupa es que los colombianos no conozcan los derechos que en ella están consagrados, ya que el Estado no ha cumplido el mandato de difundir el texto constitucional, quedando a quienes nos interesa el tema esa tarea, la que puede cambiar la forma de pensar de muchos colombianos, para que dejen de pensar que la clase política tradicional les solucionara sus problemas, siendo que en sus manos está la de dar la lucha para cambiar nuestras condiciones, empezando por erradicar de los puestos de actividad política donde se define el futuro del país a esos farsantes, participando, no solamente votando, sino hasta presentándose para ser elegido. No esperemos que pueden hacer por nosotros, más bien, iniciemos el camino para nosotros mismos hacer por nuestro futuro inmediato o a largo plazo. Dejemos de ser espectadores y convirtámonos en protagonistas de nuestro propio futuro social. ¿Usted de que lado está?, las futuras generaciones requieren que se decida para buscar que en Colombia haya justicia social, sea digna y soberana.

Nota: El presidente presentó la terna para que la Corte Suprema de Justicia elija al nuevo Fiscal General de la Nación, para un periodo de cuatro años. Los candidatos son virginia Uribe, Camilo Ospina y Juan Ángel Palacio. Ninguno sabe de derecho penal, lo que es indispensable para ocupar el cargo. Claro el gobierno es el menos interesado en que sea un investigador el que llegue allí, podría estar descubriendo los grandes crímenes que se han cometido.

Camilo Ospina es ex secretario jurídico de la Presidencia de la República en el primer gobierno Uribe Vélez, luego fue Ministro de Defensa, donde expidió la resolución 029, por la que se premiaba a los militares que dieran de baja guerrilleros para ascender, una de las causas de los mal llamados “falsos positivos”, que son es asesinatos y que ya van más de 1.500 y últimamente fue embajador ante la OEA, de donde vino a ser fiscal, ya que es a él a quien el presidente quiere en ese puesto, los otros dos son relleno.

Juan Ángel Palacio, el año pasado renunció al Consejo de Estado donde era Magistrado, es un reconocido conservador, por no decir, godo, que defiende en forma acérrima a Uribe Vélez, tanto que fue el abogado que en días pasados les explicó a los 86 representantes a la Cámara que están siendo investigados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por votar el proyecto de referendo, que no habían cometido delito alguno, que votaran la conciliación para aprobar definitivamente el proyecto. Parece que no le creyeron mucho. 

Y, la que debería ser la primera, por mujer, no por meritos para ocupar el cargo, Virginia Uribe compañera de la Universidad del presidente, dedicada a la asesoría en el Ministerio de Transporte, donde tiene contratos millonarios por asesor al ministro Andrés Uriel Gallego, en temas como el RUNT, donde salió como siempre mal librado. En su hoja de vida brilla por su ausencia el conocimiento del derecho penal. Fue asesora jurídica de Uribe Vélez en la Gobernación de Antioquia.

Ahora la Corte tiene la palabra, será que devuelve la terna, ya que nadie tiene el perfil para ocupar tan importante cargo, o será que el Presidente de la República hace valer su poder, para quedarse otra vez con la institución.

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