Las leyes de un Estado Social de Derecho deben buscar el bienestar de la población. Colombia es un Estado Social de Derecho constitucionalmente.
César A. Luque F.
22/11/09
En 1991 la Asamblea Constituyente convocada para reformar la Constitución estableció que Colombia a partir de entonces no sería únicamente un Estado de Derecho, donde los ciudadanos debían estar al servicio del Estado y la ley se debía cumplir por ser precisamente ley, sino un Estado Social de Derecho, lo que implica no solamente un cambio semántico en la organización política de la sociedad colombiana, sino un cambio de concepción donde el Estado se debe poner al servicio de las personas que habitan nuestro país y donde las leyes deben ser cumplidas en la medida que sean justas y busquen el bienestar de los miembros de la sociedad. El Estado Social de Derecho se levanta sobre dos postulados, el respeto de la dignidad humana y el respeto del principio de legalidad, mientras que las leyes deben ser vehículos que permitan una mejor sociedad, y una mejora de la calidad de vida de los colombianos.
En estos días oía en una conferencia al maestro Carlos Gaviria en el lanzamiento de la fundación que dirigirá, Fundación de Educación para la Democracia y la Paz (Demopaz) que la ley debe ser al decir de Jean Jacques Rosseau (1712 – 1778) la voluntad de todos y en esa medida cuando cumplo la ley, estoy cumpliendo mi voluntad, no siendo un sacrificio cumplirla, como cuando debo hacer algo con lo que no estoy de acuerdo. Ese principio que fue desarrollado en la Revolución Francesa (1789) no lo conocen, ni nuestro gobierno ni muchos de nuestros legisladores, casi todos al servicio del Ejecutivo de manera ciega, sólo por lograr sus mezquinos intereses.
En el Estatuto Tributario se encuentra consagrado el IVA (Impuesto al valor agregado) para la leche para crecimiento de los niños entre 1 y 5 años, surgiendo la pregunta ¿Será que ese impuesto busca mejorar la calidad de vida de los colombianos y es el resultado de la voluntad de todos nosotros? en un país donde mueren niños todos los días de desnutrición y de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (Ensin 2005) en Colombia la anemia en los niños entre 1 y 4 años ha aumentado en los últimos 10 años, pasando de un porcentaje del 23.3% en 1995 al 33.2% en el 2005. La leche para el crecimiento es una manera de prevenirla. Siendo que esa norma impone un impuesto del 16%, impide el acceso a ese alimento necesario para el crecimiento normal de los niños de más colombianos. Madres y mujeres preocupadas por esa situación demandaron la norma ante la Corte Constitucional en busca de que la declare contraria al espíritu de nuestra Constitución. El magistrado ponente es Jorge Ignacio Pretelt.
En desarrollo del trámite de constitucionalidad se han oído pronunciamientos que dan además de rabia, indignación. El Procurador General de la Nación, que debe intervenir en todos los procesos de constitucionalidad, ese mismo que algunos llamamos el Absolvedor General, por haber absuelto a los ministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancur, además de otros altos funcionarios del gobierno nacional, por el escándalo de la “Yidispolítica” y por otra serie de decisiones que dan vergüenza, como pedir a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que no asuma la investigación de varios congresistas por sus nexos con grupos de paramilitares, se dejo oír. El procurador, Alejandro Ordóñez que no escatima esfuerzo para hacernos ver que es muy espiritual y religioso dijo respecto de la demanda:
“La imposición del IVA sobre las leches de crecimiento no implica la afectación de los derechos de los niños de 12 a 36 meses de edad ni de sus familias, cuando son de bajos ingresos, pues tales disposiciones no impiden que obtengan otros productivos sustitutivos para conservar su vida, integridad y salud en condiciones dignas”[1].
Para dicho funcionario, los padres que no puedan adquirir las leches para el crecimiento, que les den otra cosa, así se sacrifique el crecimiento de muchos niños y se ponga en riesgo hasta su vida. Esa si es una forma especial de mostrar su espiritualidad y religiosidad, o será ¿qué esa es su esencia?, la de ser conservador a ultranza, abogado exegeta, y sobre todo sumiso súbdito del mesías del Palacio de Nari. De esa forma pidió que se declarara constitucional la norma demandada, como lo pidieron la DIAN, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Instituto Colombiano de Derecho Tributario de espaldas al país y de un sector cada día más vulnerado, la niñez colombiana.
La abogada, Adriana María Nassar demandante, ha dicho:
“Se trata de un producto de primera necesidad adaptado específicamente a las necesidades nutricionales y capacidad digestiva de los niños a partir del primer año de vida”
Respecto de lo dicho por el Procurador, la demandante dijo:
“Son conceptos oficiales que se han ocupado de estudiar la legalidad del impuesto y no en asunto constitucional que se planteó. Es muy triste leer un escrito en el cual se afirma que quien pueda comprar alimentos lácteos está bien y que quien no pueda, pues que los remplace por otros”
La Corte Constitucional tiene la palabra, para honrar el Estado Social de Derecho o sepultarlo, como lo pide el Absolvedor General. El país será testigo.
Nota 1: La justicia colombiana parece haberle quedado grande juzgar y castigar un estafador y lo tiene que enviar a EE.UU. para que allí lo castiguen. ¡Y las víctimas!
Nota 2: Dan risa las explicaciones que dio el senador, Rodrigo Lara para justificar su ausencia en la votación de censura contra el Minagricultura. No ha dejado de ser un niño “bien”, que juega a ser estadista, igual que Simoncito Gaviria.
[1] Texto aparecido en www.semana.com