En el país donde alguna vez se respetaba el derecho
César A. Luque F.
10/03/08
Asombra que nuestra sociedad permanezca impávida ante tanta barbarie, de lado y lado, con el agravante de que el Estado no tiene sino un camino para actuar, el de la legalidad, mientras que los delincuentes tienen dos, el de la legalidad, con lo que ya no serían delincuentes, o que si ya han cometido delitos, deben responder por ellos, pero en adelante no se les tendrán como delincuentes, y el de la ilegalidad, lo que precisamente los convierte en lo que son, delincuentes.
Entonces es el Estado, representado por el Gobierno Nacional, empezando por el Presidente de la República, el que NUNCA se puede apartar de la legalidad, ya que de hacerlo se convierte su accionar en ilegitimo, convirtiéndose en un sistema de hecho, el que por lo tanto no debe ser respetado por la ciudadanía, dándole a ésta la posibilidad de levantarse para someter a quienes en forma ilegal ejercen el poder. Principio que parece estarse diluyendo en Colombia, a decir, de los últimos hechos que hemos vivido, situación que es muy grave, ya que convierte al Estado en ilegitimo y marginal, pero que parece no importarle a la mayoría de los colombianos, o por lo menos a aquellos que los medios de comunicación representan ante el resto de la sociedad.
El hecho de que las FF.MM. ingresaran a territorio del Ecuador y allí bombardearan un campamento de las FARC, además de violar el territorio de otro Estado, tal como lo reconoció el Gobierno Nacional, viola el principio de derecho internacional de soberanía, el que nosotros también tenemos y que no podemos permitir otros Estados lo violen, sin que sea válido esgrimir una teoría descabellada que llaman “legitima defensa preventiva”, que es en cristiano, matar a otro con el argumento de que ese puede intentar matarlo a uno posteriormente, o lo que es lo mismo regresar a la barbarie. Pero además se aplicó en ese hecho la pena de muerte, ya que habiendo bombardeado el campamento, incluso cuando los guerrilleros estaban durmiendo, ellos no tuvieron nunca la posibilidad de entregarse, o si atacaban a las autoridades, hay sí, ellas si podían darlos de baja, no antes, como ocurrió, hecho que ha sido soslayado por gran parte de los que en el país opinan, lo que legitima, que se dispare primero y que se pregunte después.
El segundo hecho que recientemente se ha dado en el país, es el asesinato del guerrillero, alias “Iván Ríos”, por uno de sus subalternos, Pablo Montoya, alías “Rojas”, quien en forma sangrienta, no desconocida para él y sus compañeros, le amputo al cadáver una de sus manos para presentarla ante las FF.MM. para que le creyeran haber matado a su jefe, que pertenecía al secretariado de la FARC, cosa macabra, por decirlo menos, que debe ser reprochada por las autoridades, ya que en el país, nadie esta legitimado para matar a otro, incluso así el muerto sea un delincuente, pero menos su cadáver puede ser amputado en forma salvaje.
Pero si lo anterior está proscrito, es vergonzoso que autoridades como los generales, el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, el mismo que nos tachó a quienes salimos a marchar en todo el país el jueves de integrar las filas guerrilleras, pero sobre todo que el Fiscal General de la Nación, el mismo que dirigió esa entidad a través de un “brujo” hace algún tiempo, y que según el periodista Felipe Zuleta Lleras, recibió del abogado Abelardo de la Espriella, el que ahora ante esa institución defiende a muchos políticos con nexos paras, el pago de una operación en los párpados, y un televisor de plasma, manifieste que el asesino, que confesó en radio y televisión haber cometido un homicidio agravado y calificado, no va a ser investigado.
Si el Fiscal procede de esa forma, estará prevaricando, o lo que es lo mismo, comete un delito, y de seguro muchos ciudadanos acudiremos a denunciarlo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por ello, es que la Constitución y el Código de Procedimiento Penal le impone al Fiscal la obligación de ordenar la investigación de todos las conductas punibles, sin que pueda validamente sustraerse a cumplir ese deber. No es de recibo para quienes conocemos el derecho, que al guerrillero “Iván Ríos” se le dio de baja en desarrollo de la legitima defensa, ya que en un rueda de prensa, las que antes daban las personas de bien, pero que ahora dan los delincuentes, tipo Mancuso, Don Berna, Rojas, Macaco, Jorge 40, etc., confesó haber planeado su muerte, con lo que la legitima defensa queda descartada, ya que ella se da como resultado de un ataque injusto, el que no se dio ya que “Ríos” según su homicida, estaba dormido cuando le disparo.
El otro supuesto dilema, es la entrega de la recompensa, política que hoy tiene a cientos de campesinos en la cárcel acusados por desmovilizados, todo por la plata. La entrega de la recompensa no se puede dar, ya que de hacerlo el gobierno puede ser demandado por cualquier ciudadano a través de un acción popular por violación de la moralidad pública. Ese mensaje le abriría el camino a la pena de muerte, no sólo contra los guerrilleros, sino contra cualquier persona a quien se le busque. El cometer delitos no lo puede pagar el Estado, ya que se convertiría en su cómplice.
Es que en un Estado, hasta los que transgreden la ley tienen derecho, eso lo hace legitimo, y todo tiene límites, hasta la guerra, la que no es reconocida por el gobierno, quien sostiene tozudamente, que conflicto armado no hay en el país. No debemos olvidar que los fines no justifiquen los medios, ya que la utilización de un medio ilegitimo, convierte cualquier fin noble, en innoble. El alcanzar la paz (fin), no se puede alcanzar a través del asesinato (medio), ya que siendo éste ilegal, convierte el fin en innoble. Este principio es el que quieren ocultar los áulicos de gobierno, tipo Jaime Bernal Cuellar, el mismo que sostiene que el niño muerto en la piscina del Hotel Hilton en Cartagena, fue por culpa de él, y no por la falta de una rejilla, todo por ganar los jugosos honorarios de la multinacional hotelera (todo por la plata), o Abelardo de la Espriella, el mismo que defiende a Rocío Arias, reconocida política al servicio de los paras, y el mismo que según la denuncia periodística, no contestada, le pago una operación al Fiscal, para que no se le marcaran sus arrugas, aunque todos los días se le vea su ignorancia jurídica, que creo más bien es una conducta cómplice con varios de los peores criminales del país, los paramilitares que cada día confiesan un método para matar más cruel, como el de las serpientes, o los cocodrilos a quien “Cadena” les votaba sus víctimas para que no quedaran pruebas. La pregunta que queda en el ambiente, es ¿Será que Colombia padece de una enfermedad mental colectiva?, que ya no nos permita deslindar el bien del mal, ¿usted que opina?, o mejor ¿usted hace parte de ese grueso de la población, la que legitima cualquiera accionar del gobierno?.
Nota: Uno esperaría que el asesinato del compañero, Leonidas Gómez Rozo, sindicalista de la UNEB y perteneciente al Departamento Educativo de la CUT, al que he colaborado desde hace unos años, sea investigado y esclarecido por la Fiscalía General de la Nación, en un país donde según el Presidente de la República, ya no se asesina a los lideres sindicales.