IMPUNIDAD, IMPUNIDAD, IMPUNIDAD Y MÁS IMPUNIDAD

En Colombia todavía la ley es para los de ruana, para el pueblo

César A. Luque F.
01/11/08

Colombia además de ser quizá el segundo país de América Latina con mayores desigualdades sociales después de Haití, compitiendo con Bolivia, debe ser el primero en injusticias, las que saltan a la vista de todos diariamente sin que la sociedad se sobrecoja y actúe, por el contrario, bajo su mirada casi siempre complaciente, mirada guiada por la clase política tradicional que ha mal gobernado el país desde que se diera el grito de independencia el 20 de julio de 1810, fecha a partir de la cual ha venido traicionando al pueblo, entendido como el grueso de la población que no tiene privilegios. Esa clase que no tiene clase y no ejerce la política, sino que lo suyo es la politiquería, la corrupción y el crimen, medios para defender sus intereses mezquinos.

José Antonio Galán después de liderar el movimiento comunero en 1781 fue traicionado por los criollos[1], siendo asesinado vilmente por los españoles para esparcir sus restos por Guaduas, el Socorro y su natal Charalá; José María Carbonell después que salvara la revuelta del 20 de julio cuando fracasaba, logrando la expulsión del virrey Antonio Amar y Borbón fue detenido por orden de los nuevos gobernantes, siendo el primer preso político del nuevo régimen. El mariscal Antonio José de Sucre fue asesinado en 1830 por orden de José María Obando, a quien nunca se le probó judicialmente su crimen.

Tampoco fueron castigados los participantes en la conspiración del 25 de septiembre de 1828 que buscaba asesinar a Bolívar. La impunidad favoreció a los fundadores de los partidos políticos tradicionales, Ezequiel Rojas del Liberal en 1848 y Mariano Ospina Rodríguez del Conservador en 1849, a Florentino González luego Procurador, cargo desde el cual propuso que nos anexáramos a EE.UU., propuesta que fue secundada por Ospina Rodríguez presidente (1858 – 1861), Tomás Herrera que llegó a ser Vicepresidente y Vicente Azuero que llegó a ser candidato a la Presidencia de la República, entre otros.

A finales del siglo XIX el presidente Rafael Núñez utilizó la pena de muerte que estaba proscrita desde 1863 para perseguir a sus opositores políticos endureciendo su régimen dictatorial, implantado a través de la promulgación de la Constitución de 1886, apoyado desde el Consejo Nacional de Delegatarios por Miguel Antonio Caro que permitió la reelección presidencial inmediata. Rafael Reyes haciendo gala de su despótico poder ordenó el fusilamiento de quienes habían intentado asesinarlo en Barrocolorado el 10 de febrero de 1906. La ejecución de Roberto González, Juan Ortiz, Fernando Aguilar y Marco Arturo Salgar se cumplió el 7 de marzo siguiente en el mismo sitio (Carrera 7ª con 42).

El 9 de abril de 1848 fue asesinado en Bogotá el líder popular, Jorge Eliécer Gaitán, después de descollar políticamente a partir de sus denuncias en la Cámara de Representantes sobre la masacre de las bananeras del 6 de diciembre de 1928, y cuando era el más firme candidato a llegar a la Presidencia de la República en 1950. Tanto la oligarquía conservadora como la liberal salieron beneficiadas de la acción criminal que dejó al pueblo sin la esperanza de un mejor futuro, dando paso a uno de los más oscuros episodios de la vida nacional La Violencia, donde desde el Estado se asesinaba a los campesinos por medio de los chulavitas, policías conservadores provenientes de la Vereda Chulativa del municipio de Boabita (Boyacá) y los pájaros antecedente de los grupos paramilitares.

Quedaron en la impunidad los crímenes de más de 3.500 miembros dirigentes de la Unión Patriótica (U.P.) incluyendo sus dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, además de brillantes dirigentes de base como José Antequera, Manuel Cepeda y Teofilo Forero entre muchos más. También quedaron sin castigar los asesinatos de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán Sarmiento, liberal, Carlos Pizarro León Gómez de la A.D M – 19 y Álvaro Gómez Hurtado, conservador, el del procurador general de la nación Carlos Mauro Hoyos, el del gobernador de Antioquia Antonio Roldán y las víctimas del atentado al DAS y los de las demás bombas, los de los periodistas Guillermo Cano, director de El Espectador, Jorge Enrique Pulido, Jaime Garzón y muchos más.

Han quedado en la más absoluta impunidad el asesinato de más de 2.600 sindicalistas en los últimos veinte años, aunque el actual gobierno lo niegue para tratar de que en EE.UU. le aprueben el TLC, al igual que los homicidios de cientos de indígenas a lo largo y ancho del país, y los más de cien mil crímenes cometidos por los grupos paramilitares, cuyos jefes fueron extraditados para que paguen condenas exiguas. La impunidad también será el resultado para los asesinatos de cientos de jóvenes colombianos humildes que han sido utilizados como tiro al blanco por parte de las FF.MM. para presentarlos como muertos en combate con la guerrilla, medio por el que generales, coroneles, capitanes y en general esa institución ha logrado reconocimiento por sus resultados, los que no pasan de ser una política de exterminio para engañar al pueblo colombiano, mostrando unos resultados aparentes de la seguridad democrática, que no es ni segura ni democrática, pero sostiene al gobierno.

Así a Uribe le mortifique, es un crimen de Estado que los militares asesinen civiles para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate y no son cómplices de las FARC quienes se atreven a denunciar ésta política asesina, como no lo es José Miguel Vivanco director de la HRW que únicamente ha tenido el coraje de enfrentarse a nuestro dictadorsuelo, que ni a dictador llega, representando un gobierno ilegitimo, que fue posible gracias al pago que le hiciera junto, con esos sí, cómplices a Yidis Medida para que aprobara la reelección presidencial inmediata.

En cambio la ley si se le aplica en forma contundente a los deudores del UVR que se atrasan unos meses en sus cuotas, luego de cancelar cumplidamente durante años, les quitan sus casas los jueces que hoy son “chepitos” de los bancos para entregárselas a quienes “apenas” éste año han ganado 8 billones de pesos, cifra reconocida por ellos mismos. Como le aplican la ley al ladrón que roba para darle de comer a sus hijos; al drogadicto, mientras quienes trafican con toneladas de cocaína los premian enviándolos al país del tío Sam, donde negocian sus penas, para citar unos pocos casos. Entonces la frase popular de que aquí sólo le aplican la ley a los de ruana, sigue vigente.

No es sino ver a los políticos presos en la Penitencieria de la Picota como Miguel de la Espriella, compadre del Presidente de la República, José Luis Caballero, Dief Maloff, Álvaro García y Mario Uribe Escobar en su tiempo, que disfrutan de prerrogativas de las que los demás presos carecen, para poder predicar de nuestro sistema judicial, incluido el Inpec y de nuestra clase política tradicional que nadan en un mar de corrupción a espaldas del país, del que se benefician diariamente. Y ni que decir de Álvaro Araújo que goza de detención domiciliara por enfermedad, pero llega al Juzgado donde lo juzgan en perfectas condiciones de salud, y de seguro será absuelto debido a la deficiente labor del fiscal asignado para el caso, que más parece trabajara para la defensa. Igual pasa con militares como los recientemente liberados por la masacre del Palacio de Justicia debido al vencimiento de términos propiciados por la Juez que no quiere llevar el proceso, y la del coronel Alfonso Plazas Vega que llega a las audiencias donde los juzgan por los mismo hechos escoltado por soldados que más parece lo protegen que vigilan, siendo que él está “preso”.

Ese panorama deprimente, donde los poderosos no tienen que pagar sus culpas, mientras al pueblo se le aplica en forma implacable la ley creada por los primeros y los de su clase para defender sus intereses, únicamente lo podemos cambiar a través de un modelo educativo donde lo importante sea aprender a pensar, y la acción política comprometida de quienes representen los intereses del pueblo, por encima de los propios.


[1] Hijos de españoles nacidos en América, que ocupaban algunos puestos públicos y poseían tierras y fortuna.

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