FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Fiscal, de investigador penal a favorecedor oficial

César A. Luque F.

12/07/09

La función primordial de la Fiscalía General de la Nación es investigar y acusar a los autores o participes de los delitos que se cometan, desde que hizo irrupción en la vida nacional por creación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en la constitución, después que se hubiera intentado consagrarla en 1979 por un acto legislativo en el gobierno Turbay Ayala, que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, por entonces guardiana de la constitución.

Por su consagración en el texto constitucional hace parte de la Rama Judicial, eso sí con autonomía administrativa, encabezada por el Fiscal General de la Nación, que debe ser elegido por la Corte Suprema de Justicia en pleno (23 magistrados), donde debe alcanzar por lo menos 16 votos, de una terna que debe presentar el Presidente de la República, para un periodo de cuatro años.

Antes de la Fiscalía los delitos eran investigados por los jueces de instrucción criminal, los que investigaban y juzgaban los delitos. A partir de la entrada en vigencia de la constitución, la Fiscalía empezó a mostrarse más en los periódicos que en la materialización de la justicia. Así el primer fiscal, Gustavo De Greiff Restrepo tuvo una estrecha relación con el gobierno de los EE.UU. Su periodo lo terminó siendo asociado a fuerzas del Cartel de Cali.

El segundo fiscal, Alfonso Valdivieso Sarmiento se vio enfrentado al llamado proceso 8.000 el que le sirvió de trampolín para lanzarse en pos de la Presidencia de la República, así como su vicefiscal terminó siendo candidato al Senado. Bajo esa administración se vio como era necesario que el Fiscal General fuera un experto en derecho penal, ya que por no ser Valdivieso docto en el tema, ni siquiera llegó a ordenar la investigación del crimen de su primo, el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, pero mucho menos el del también candidato presidencial, el conservador Álvaro Gómez Hurtado.

El tercer periodo de fiscal, lo ocupó Alfonso Gómez Méndez, que se dedicó a pasar a la historia por la codificación penal y procesal, por lo que impulsó la aprobación de las leyes 599 y 600 de 2000, actual Código Penal y el de Procedimiento Penal que esta en transito de desaparecer. Si bien esa codificación logró organizar una serie de leyes dispersas, su administración se destacó por hechos como aquellos por los cuales entorpeció la labor del negociador del gobierno Pastrana, con la guerrilla de las FARC, Álvaro Leyva Durán a quien le libró orden de captura, dañando irremediablemente ese proceso, ya que Leyva tenía un gran ascendente en la guerrilla. Así él como liberal impidió que un conservador hubiera podido pactar un acuerdo de paz con las FARC. Sus intereses estuvieron por encima de los del país, al que hoy pretende gobernar, ya que es precandidato liberal.

El peor de todos los fiscales ha sido el hoy embajador en México, Luis Camilo Osorio, quien está denunciado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por múltiples acciones por fuera de la ley, entre ellas unas relaciones con grupos de paramilitares, no hay que olvidar que varios de sus Directores de Fiscalías, fueron vinculados con los grupos paras, como la de Directora de Cúcuta, o el Cali y ahora el fiscal Valencia Cossio, juzgado por supuestos nexos con el grupo de Don Mario. Este fiscal impulsó en el Congreso la aprobación de una reforma constitucional para implantar un sistema penal de tendencia acusatoria, impuesto por EE.UU. para poder negociar el TLC, sistema que hoy ya colapsó. Y finalmente el fiscal, Mario Iguarán carnal del gobierno, que demostró ser un funcionario de “bolsillo” del gobierno, del que fue viceministro de Justicia. En su administración fracasó el nuevo sistema penal acusatorio, ya que no existen ni investigadores, ni fiscales preparados en número suficiente para ponerlo a funcionar, ya hoy existen miles de denuncias represadas, que parece nunca tendrán respuesta de la justicia.

El fiscal además ha demostrado su “destreza” jurídica, cuando ha tenido que ejercer como Fiscal, ya que respecto de ciertos funcionarios del Estado de alto rango no puede delegar la función de acusar, sino que lo debe hacer directamente, como el caso de Jorge Noguera por haber sido director del DAS, o el ex gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, en el proceso del primero, cuatro veces le han anulado el proceso por vicios en su trámite, mientras los procesos del segundo, después de acusarlo, ha salido absuelto por la Corte. Es que ahora el fiscal no puede solamente esperar a que un funcionario auxiliar proyecte sus providencias, y él firmarla, sino que debe ir a la Corte a sustentar las acusaciones contra generales, almirantes, gobernadores, jefes de departamento administrativo, por lo que necesariamente debe saber derecho penal, ya que es la Corte la institución que más conoce del tema, en su sala penal, y por lo general ese tipo de sindicados tienen abogados defensores de alta calidad, ante quienes fácilmente puede un fiscal poco preparado o nada preparado, pasar por un imbécil.

Ahora la Corte se apresta a elegir al nuevo fiscal, el que tendrá que resolver procesos como los de Mario Uribe, primo del presidente, el ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, por las notarias y la yidispolítica, o los del ministro de Protección Social, Diego Palacio o los de los ex congresistas que renunciaron para que no los investigara la Corte, o los procesos por las desapariciones del Palacio de Justicia, como el del coronel, Alfonso Plazas Vega, y obviamente el proceso de justicia y paz contra los paras de importancia media, ya que los de la alta responsabilidad fueron extraditados y otros están en camino de serlo.

Ante ese panorama da grima ver a los tres ternados por el Presidente de la República, Camilo Ospina sosteniendo que el es un patriota, por haber sido ministro de Defensa, olvidando haber expedido la circular No. 29 que dio luz verde a los asesinatos militares que llaman “falsos positivos” en forma eufemística, pero peor los otros dos, el ex magistrado del Consejo de Estado Juan Ángel Palacio, que tendrá, en caso de ser elegido, poner en practica el principio de oportunidad a favor de los paras, pero el lo confunde con un principio fundamental en el derecho penal, el principio de la proporcionalidad, que tiene que ver con las penas y no con un procedimiento de perdón y olvido y finalmente, la doctora Virginia Uribe, una verdadera vergüenza, quien fue puesta allí para cumplir el requisito de cuotas, pero nada sabe ni de penal, ni de derecho en general, según ella sabe de la Fiscalía por las revistas que le llegan por una suscripción que tiene y será una investigadora eficaz, porque cuando era niña, su papa la decía que era una buena investigadora. Que falta de respeto con la administración de justicia, pero finalmente con el país, la presentación de una terna ligera, por no decir, incapaz. Ya se ve el futuro de la Fiscalía.

Nota: No sabía que los hipopótamos eran enemigos de la seguridad democrática, pero parece que lo son. A uno lo persiguieron y asesinaron.

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