Emergencia dictada para evadir al Congreso, y favorecer a quienes el gobierno les debe parte del poder que tiene, las EPS los intermediarios de la salud.
César A. Luque F.
30/01/10
El gobierno, en cabeza del Presidente de la República y su inefable escudero, el Ministro de “Desprotección” Social, Diego Palacio desde hace meses venían amenazando con declarar la emergencia social, desde que las E.P.S. y varios hospitales públicos denunciaron que el Fosyga les debía astronómicas sumas. Emergencia que se encuentra establecida en la Constitución Política en el capítulo 6, dentro de los estados de excepción, que facultan al Presidente de la República para expedir decretos que tengan como finalidad conjurar la situación excepcional, que debe constituir una grave calamidad pública. Para superar la situación no se debe acudir al Congreso, como cuando se quiere aprobar una ley, sino que el gobierno queda facultado para expedir las normas que considere necesarias, normas que deben superar el control que debe hacer la Corte Constitucional, la que debe determinar si hubo o no una situación sobreviniente. Las normas de todas formas deben de ir al Congreso, el que fue llamado a sesiones extras, ya que por mandato constitucional solamente el 16 de marzo se restablecen sus sesiones ordinarias.
La emergencia faculta al presidente durante 30 días para expedir normas, término que se puede ampliar hasta por 90 días dentro de un año calendario. Las normas expedidas en ese tiempo, por las cuales incluso se pueden crear impuestos o modificar los existentes que dejaran de regir al termino de la siguiente vigencia fiscal, de hay la razón para que la emergencia no fuera decretada en diciembre, sino en enero, ya que si se hubiera dado el mes pasado, los impuestos cesarían al final del 2010 y no como ahora el 2011. Es decir, la emergencia no lo era tanto, ya que esperaba tiempo para declararla, es más bien la forma de hacerle el quite al Congreso para debatir allí la transformación que el sistema de salud requiere a partir de la nefasta ley 100 de 1993, impulsada por los entonces senadores, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras. Ese deberá ser el argumento para que la Corte declare inconstitucional el estado de excepción, ya que el mal de la salud es crónico, no una situación sobreviniente, intempestiva y de contera tendrá que declarar todos los decretos expedidos, inconstitucionales.
Desde el inicio del primer gobierno del presidente de facto que mal gobierna el país, se impulsó a la población colombiana para que hiciera parte del sistema subsidiado de salud, sin que el gobierno pagara lo que le corresponde. Populismo puro. Hoy son más de 22 millones de colombianos los que hacen parte de ese sector de la salud, lo que indica la pobreza del país, debiendo el gobierno al sector salud la nada despreciable suma de 6 billones de pesos.
Hoy lo que requiere el sistema de salud es una transformación, que empiece por reformar la inequitativa ley 100, aquella por la cual se convirtió la salud, que es un derecho fundamental, en un negocio, incluso desde el lenguaje. Hoy ya quien dirige un hospital no es el director, sino el gerente, ya que estos se han convertido en verdaderas empresas, y el paciente ya no lo es, es un cliente, que tiene el signo pesos en su frente. El que paga puede recibir el servicio, de lo contrario tiene derecho solamente a morir. La privatización logró acabar con el Seguro Social, al que los gobiernos desde 1968 le debían unos 70 billones de pesos, esos que usaron para pagar el déficit fiscal, como hoy se usan los recursos de la salud para crear TES.
Dentro de la emergencia el gobierno ha expedido 15 decretos donde ha atacado de manera importante el derecho fundamental de todos los colombianos, el de la salud. Por estos se intenta restringir la atención de salud al POS (Plan obligatorio de salud), que es un listado de medicamentos, procedimientos e intervenciones médicas, y cuando haya que hacerlo por fuera será el usuario el que deba pagar el excedente. La forma de pago, por la infinita magnanimidad que caracteriza al gobierno, podrá ser hipotecando la casa, si la tiene, o endosando sus cesantías o aún su pensión, pero si todavía no paga, habiendo tenido los caminos para ello, los bancos, esos que el año pasado ganaron más de 8 billones de pesos, le podrán prestar el valor, para que lo paga en módicas cuotas, más intereses. Que benevolencia.
Según la teoría del gobierno lo que antes debía pagar el Fosyga ahora lo tendrá que pagar el paciente, sin importar que pueda acceder a la tutela para que lo atiendan. Que forma de hacer justicia con la mayoría del pueblo colombiano. Ese es el modelo que muchos de esos pobres quieren reelegir. Pero para financiar la salud fue creado por estos decretos el Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud (Fonprés) que se financiara con los impuestos a la cerveza, los licores y los cigarrillos, estos últimos donde el gobierno hizo un negociado, le bajó el impuesto a los cigarrillos de alta gama y se la subió a los populares. Esa reforma le ahorrará a los grandes importadores de cigarrillos 11.000 millones de pesos al año. Que forma de hacer justicia.
Pero lo más exótico, o quizá lo más miserable, es la sanción contemplada para los médicos en el decreto 131 de 2010, sanciones que pueden ir hasta los 50 s.m.l.m.v. ($25.750.000) por formular medicamentos, procedimientos o intervenciones por fuera del POS, sin importar si el paciente los necesita, lo que haría al médico violar la ética que rige esta digna profesión, que después de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 la convirtió en una profesión menos rentable que la de manicurista. Ahora el médico, según el gobierno, solamente puede formular aspirinas o de pronto le ordenan que recete placebos, así las EPS podrán ganar más, los afiliados no importan.
La Corte Constitucional tiene la palabra. Con estas medidas se intenta es tapar lo que es evidente, el desbarajuste de la economía nacional, que sin empleo no se puede sostener, pero además las reformas regresivas a la constitución que se hicieron en el 2001 y el 2007, la mal llamada reforma a las transferencias, que es la reforma al Sistema General de Participaciones, todo para favorecer a las EPS y atacar al pueblo.
Nota: Evidente que la Universidad Mayor del Rosario formadora de muchos de los que han mal gobernado al país, ahora ataque los derechos laborales de sus trabajadores, tras cerrar el Colegio Los Arrayanes y mostrarse indiferente ante la negociación colectiva a que tiene derecho el sindicato de sus trabajadores.