PARAPOLÍTICA, YIDISPOLÍTICA, CUELLOPOLÍTICA, CHUZADAS. ¿QUÉ MÁS SE NECESITA PARA CONCLUIR LO MALIGNO DE ESTE GOBIERNO?

Apoyo de paramilitares, pago por la reelección y ataque a la oposición y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una vergüenza nacional.

César A. Luque F.

02/08/09

Cuando Álvaro Uribe Vélez se presentó como candidato presidencial en el 2002, tuvo como eslogan de su campaña que de llegar al poder acabaría, además de la guerrilla, con la politiquería y la corrupción, e implantaría para llegar a los cargos públicos la meritocracia, pero ya elegido se dedicó precisamente a lo contrario. Ha promovido la politiquería, la corrupción y los puestos los ha entregado para pagar favores, o incluso hasta delitos, apoyando la creación de un ambiente generalizado en el país de frustración, que sin embargo, sigue siendo arropado por el mismo discurso, el que difundido por los principales medios de comunicación (RCN, Caracol, El Tiempo) logra mantenerlo en altos índices de aceptación, contrariando los mínimos postulados de la democracia. Muchos piden a gritos su reelección indefinida.

Los capítulos que demuestran lo lesivo que ha sido éste gobierno para el país, son variados y de diferente índole. El primero que se sabía incluso antes de la llegada al poder de AUV, era su gran afinidad con los intereses de los grupos paramilitares, los grupos de mayores asesinos que ha tenido nuestro país en toda la historia, lo que se convirtió en complicidad, cuando se descubrió y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo probó, varios de los principales políticos de la coalición de gobierno habían alcanzado su elección al Congreso por el poder paramilitar. Algunos de ellos fueron condenados a penas irrisorias, siendo recluidos en la penitenciaria de la Picota, donde gozan de privilegios que ningún otro preso tiene en todo el territorio nacional. Este episodio fue bautizado por la prensa como la parapolítica, suma de paramilitares y políticos.

Importantes protagonistas de la parapolítica han sido Miguel de la Espriella, senador del partido Colombia Democrática, compadre de AUV, integrante del partido que fundara el propio presidente en asocio de su primo Mario Uribe, investigado por sus nexos con paramilitares, quien fue condenado y ya salió libre por pena cumplida; Álvaro Araújo Castro, hermano de la que fuera ministra de Cultura y luego de Relaciones Exteriores, presidente del partido Alas Equipo Colombia, quien por su cercanía a la casa presidencial no ha pagado cárcel, ni pagará ya que fue cobijado con prisión domiciliaria por una supuesta afección cardiaca, quien se encuentra en juicio; Dief Maloof Cuse, senador del partido Colombia Viva, quien fue condenado y ya salió libre; Mauricio Pimiento del partido de la U, condenado que actualmente paga su condena sembrando lechugas en la Picota, lo que le permitirá salir pronto, ya sale de permiso cada mes por 72 horas; Reginaldo Montes, integrante del partido Cambio Radical, que después de ser condenado, actualmente se encuentra recluido en la Picota; Trino Luna, gobernador del Magdalena del partido Liberal, que fue condenado y ya recobró su libertad por pena cumplida; José Luis Caballero del partido Apertura Liberal que logró luego de ser condenado beneficiarse de la detención domiciliaria; Alfonso Campo Escobar del partido Conservador, que también está libre por pena cumplida, para mencionar unos pocos, todos apoyos en las elecciones del 2002 y del 2006 y votantes de los principales proyectos de ley y reforma constitucional en el Congreso. 

El otro gran escándalo es el de la yidispolítica, que se desató al descubrirse que para ser aprobada la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata en el 2006 el gobierno le había pagado a Yidis Medina, representante a la Cámara que cambió su voto, con el cual lograron aprobar la reforma en la Comisión I de la Cámara de Representantes. Ella fue condenada, quien abandonada por AUV se convirtió en testigo contra otros autores del delito, siendo condenados por su testimonio y otras pruebas, Teodolindo Avendaño que recibió como pago por su cambio de posición, la Notaría 67 de Bogotá, la que vendió en 400 millones e Iván Díaz Mateus, que también fue condenado, ya que fue él quien presionó a Medina para que cambiara su voto, incluso llegando a informarle de amenazas de muerte. Este representante y luego senador, ya salió de la Picota, al lograr que su pena se la cambiaran por la reclusión en su casa, con vigilancia electrónica. Así quien llegó al gobierno con el apoyo de políticos vinculados con los paramilitares, se perpetuó en él por el pago que hiciera a varios políticos para que votaran la reforma constitucional que le permitiría la reelección inmediata, la que logró sin mayor problema al poner el Estado a su servicio, como por ejemplo por el programa de Familias en Acción, donde da limosna a los pobres para que lo apoyen.

Los otros dos grandes escándalos que se han destapado son la Cuellopolítica y las chuzadas que el DAS hacía a las ONG, la oposición, la prensa libre, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Cuellopolítica se ha venido dando por las declaraciones del ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute, que ha denunciado que más de setenta notarías a lo largo y ancho del país fueron entregadas a congresistas que apoyaron la reelección inmediata, como pago por su voto, denuncia que se encuentra estudiando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, estando pendientes decisiones que se darán en los próximos días, uniéndose a las chuzadas que hizo el DAS, es decir, las interceptaciones telefónicas sin orden judicial a líderes políticos de la oposición como Gustavo Petro, Carlos Gaviria, Carlos Lozano, Carlos Vicente De Roux, e incluso algunos que fueron cercanos al gobierno como Rafael Pardo, periodistas como Holman Morris, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el abogado de uno de ellos, que mantiene una disputa jurídica con el presidente, Ramiro Bejarano. Ya la Fiscalía dictó orden de captura contra 14 miembros del DAS de la media burocrática, sin que los directores hayan sido afectados hasta ahora por esas decisiones, ya que habilidosamente interpusieron contra el Fiscal General de la Nación una recusación que debe resolver la Corte, pero sobre todo lo que falta es que se diga a que miembros del gobierno le entregaban la información, que incluía seguimientos a directivos de varias ONG, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Jurista, entre otras.

Todos esos escándalos y muchos más como las más de 1500 ejecuciones extrajudiciales que hicieron miembros del Ejército para mostrar a sus víctimas como miembros de la guerrilla, mostrando resultados que necesita el gobierno presentar diariamente a la opinión pública, a esa que con exageraciones se tiene entretenida para que apoye la próxima reelección, cuando no con limosna, como a través del programa Familias en Acción, al que han sido incorporados dos millones de familias de pobres, esos que niega el gobierno exista, pero que para estadísticas si cuentan y sobre todo para votar.         

Nota: El gobierno nacional objetó la ley que permite a los hombres y mujeres de estratos 1 y 2 accedieran a la vasectomía y la ligadura de trompas como una forma de planificación familiar y paternidad responsable. Así muestra su “preocupación” por los grandes problemas sociales, aduciendo falta de presupuesto, el que si está listo para el referendo reeleccionista.  

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