Archivaron el proyecto de ley de victimas, un día después de aprobar un perdón y olvido para los victimarios, todo por orden del gobierno de Uribe Vélez
César A. Luque F.
22/06/09
La integración actual del Congreso tiene una mayoría clara, la que apoya al gobierno, o más bien, obedece como un borrego al presidente Uribe Vélez, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, del que hacen parte los integrantes de los partidos Social de Unidad Nacional o de la “U”, el Conservador, gran parte de Cambio Radical, Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática, Alas Equipo Colombia, Colombia Viva y Apertura Liberal, partidos que tienen a varios de sus miembros, todos, detenidos y algunos hasta condenados por concierto para delinquir con el fin de conformar grupos paramilitares, mayoría que ha dado en estos últimos días de la legislatura que terminó el 20 de junio, un bochornoso espectáculo, donde se han dedicado a aprobar una hemorragia legislativa sin precedentes.
La hemorragia que se ha dado en ambas cámaras, donde fueron aprobados proyectos de ley y hasta reformas a la Constitución sin que la mayoría de los legisladores que las votaron, las hubieran leído, tal como quedó evidenciado en la transmisión de la televisión institucional. En esa ya ni siquiera aprobación por pupitrazo, ya que ahora ni siquiera votan, sino que el Secretario de cada cámara canta que la norma ha sido aprobada, sin que los senadores o los representantes pestañeen, lo que ha convertido el recinto de la democracia en una especie de salón de casino, donde se canta el color de ficha ganadora.
En desarrollo de esa hemorragia se aprobó una reforma a la Constitución que se denominó, política, que le permitirá a los voltearepas, pasarse de un partido a otro, sin que se le aplique la doble militancia. También se aprobó la ley de principio de oportunidad, que en palabras castizas, significa un perdón y olvido que favorecerá a más de 20 mil paramilitares, sin que se les investigue, quedando definitivamente impune miles de asesinatos, ya que no es razonable lo que sostiene el gobierno, que serán los jefes paras los condenados por esos horrendos crímenes. De una parte, los principales paras fueron extraditados y los que aquí quedan, sin bien son unos asesinos, no fueron los que cortaron en pedazos con motosierra, o quemaron, o echaron a los caimanes o a los tigres a miles de colombianos, fueron los paramilitares rasos y ellos, paramilitares que serán perdonados con el aplauso del Fiscal General de la Nación, que afortunadamente ya termina su periodo, uno triste para la justicia colombiana.
Esa misma mayoría uribista que aprobó una reforma política para beneficiarse, y una ley para los paramilitares, los mayores asesinos de toda la reciente historia nacional, excepto el asesinato masivo que hicieron los españoles contra nuestros antepasados indígenas, negó el proyecto de ley que favorecía a las familias de las víctimas de paramilitares, guerrilleros y hasta miembros del Estado, por el que se ordenaba pagarles sin necesidad de un juicio que dure años de litigio, con unos costos a los que no pueden acceder la mayoría de las madres, hermanas, hermanos, hijos, padres, etc. de los asesinados, todo porque el presidente Uribe Vélez desde un foro en que intervenía les ordenó hundir el proyecto de ley. Así quedó, más claro que hasta ahora, de que lado está la mayoría de los congresistas, excepto los miembros del Partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo, los indígenas y las negritudes, y también de que lado está el presidente Uribe Vélez.
Lo que significa para las familias de más de 120 mil asesinados inocentes fruto del conflicto armado que vive el país, es dejarlas en la más absoluta miseria y sobre todo en el peor de los mundos, totalmente desprotegidas por decisión del presidente Uribe Vélez que desde que acusó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de actuar con un sesgo ideológico, cuando se negó a reconocerle a los paramilitares como delincuentes políticos, desde ese momento mostró lo que antes se rumoraba, que apoya, así como fue apoyado por ellos, a los paramilitares, siendo un poder de facto desde que se demostró que su reelección fue fruto de un delito (cohecho), del que salió condenada Yidis Medina, persona que dio el voto indispensable para aprobar la reelección.
Con un mandato de facto Uribe Vélez ataca a los más desprotegidos, a las víctimas de un conflicto armado que sostiene, no existe, mientras favorece a los victimarios sin que se sonroje siquiera. ¿Todavía muchos colombianos lo seguirán apoyando ciegamente? Si lo hacen, debe ser porque el espíritu paramilitar se ha tomado la sociedad colombiana. Ojala que no sea así, a mi como a muchos colombianos no me gustaría vivir en un país donde se justifica asesinar a una persona y luego tasajearla, sin que a nadie le duela, excepto a sus deudos. El dolor humano no puede seguir siendo desdeñado por todos. ¿Dónde estará el Defensor del Pueblo y el Procurador General de la Nación, quienes por mandato constitucional están para defender los DD.HH.?
El pueblo colombiano tiene la posibilidad de elegir a otros miembros del Congreso en las elecciones que se llevaran a cabo en marzo de 2010, que representen los intereses de los desvalidos, de la mayoría del pueblo colombiano. Ojo, los parapolíticos ya están preparando a sus esposas, esposos, hijos, hermanos, mandaderos para presentarlos en esas elecciones, para poderlos mandar y seguir ejerciendo el poder en contra del pueblo colombiano. Cada pueblo tiene en sus manos su destino, ya veremos que destino quiere el pueblo colombiano.
Nota 1: Será que el presidente Uribe Vélez se atreve a incluir en la terna para que la Corte Suprema de Justicia elija al nuevo Fiscal General de la Nación, al ex ministro de Defensa, Camilo Ospina que fue el que creó la directiva (No. 029) a partir de la cual se dio esa vergonzosa cascada de asesinatos de civiles, no falsos positivos, como eufemísticamente los periodistas llaman la muerte de miles de jóvenes pobres de Soacha y decenas de pueblos de Colombia. Los que por verificación del Relator de la ONU son sistemáticos.
Nota 2: No le da vergüenza al ministro Valencia Cossio proponer que se restablezca la inmunidad parlamentaria para los congresistas, la que impediría que cualquier congresista sea investigado penalmente sin que la cámara a la que pertenezca de su permiso. Así ninguno de los congresistas detenidos, lo estarían. Claro, si no le da vergüenza seguir en el cargo de Ministro del Interior y Justicia, estando su hermano detenido por acusaciones tan graves como la Fiscalía le ha hecho. Inmunidad parlamentaria significa más impunidad.