Todos los reelegidos han terminado sumidos en el fracaso y en el del país
César A. Luque F.
03/02/09
En nuestra historia republicana el tema de la reelección presidencial ha estado presente en forma constante, contrario a lo que se pudiera pensar. Así habiendo sido elegido presidente Simón Bolívar en 1821 para cumplir el cuatrenio 1822 – 1826 se le permitió ser reelegido en forma inmediata para cumplir el siguiente periodo constitucional, el que iba de 1826 a 1830, periodo desgraciado en la historia nacional ya que en el se dio el rompimiento entre las dos figuras claves de la independencia, el Libertador y Francisco de Paula Santander, lo que constituyó el rompimiento del orden constitucional cuando fracasada la Convención de Ocaña de 1828, Bolívar asumió poderes de dictador poniendo todos los poderes del Estado en sus manos, hecho que fue respondido con un atentado contra su vida el 25 de septiembre de 1828, episodio conocido como la “noche septembrina”, del que salió ileso gracias a la providencial intervención de su gran amor, Manuelita Sáenz, teniendo luego que entregar el poder cuando el país estaba sumido en una guerra civil, yendo a morir solo y triste en la Quinta de San Pedro Alejandrino.
Debido al fracaso de la reelección, el Congreso Admirable prohibió la que se pudiera dar en forma inmediata, dejando únicamente aquella que se diera pasado un periodo presidencial, con el fin de evitar que el gobernante utilizara el poder del Estado para perpetuarse en el poder. Ese mandato se mantuvo hasta 1886. Durante ese tiempo únicamente fueron reelegidos Tomás Cipriano de Mosquera, que primero gobernó a nombre del Partido Conservador, entre 1845 y 1849 y luego en representación del Partido Liberal, primero al tomarse el poder por las armas en 1861, hasta 1863, para ser elegido por la Convención de Rionegro en forma provisoria para cumplir el periodo que terminó en 1864, y finalmente elegido para el periodo 1866 a 1868, cuando el periodo presidencial era de dos años, siendo derrocado en 1867 después que hubiera cerrado el Congreso, cuando éste le iba a adelantar un juicio, por su enfrentamiento con la Iglesia Católica y por haberle entregado un navío al Perú para la guerra que enfrentaba, Manuel Murillo Toro, quien gobernó por primera vez entre 1864 y 1866 y entre 1868 y 1870, y Rafael Núñez que llegó al poder en 1880 y gobernó hasta 1882 y luego fue elegido para gobernar entre 1884 y 1886, lo que no hizo, ya que habiendo desatado una guerra civil contra sus principales opositores los liberales radicales, los aniquiló y derogó la constitución para perpetuarse en el poder.
Con Núñez en el poder, el país presenció como era que se podía romper el texto constitucional para beneficio propio. Derrotados los radicales con las armas del Estado fue convocado un Consejo Nacional de Delegatarios, donde sólo tuvieron asiento los amigos del cartagenero, quienes nuevamente permitieron la reelección inmediata, pero ya no para periodos de dos o cuatro años, sino para periodos de seis años, con una especie de garantía, que era que el mandatario que se quisiera hacer reelegir debía renunciar al cargo y dejarlo en manos del vicepresidente 18 meses antes de la elecciones, para tratar de nivelar las fuerzas entre los candidatos y evitar que los dineros públicos fueran usados para hacer campaña. Así habiendo adoptado otra constitución, la de 1886, Núñez llega nuevamente al poder para gobernar el periodo comprendido entre 1886 y 1892, postulándose para el siguiente 1892 – 1898. Lograda la victoria para éste último no se posesionó, teniendo que hacerlo su vicepresidente, Miguel Antonio Caro, quien gobernaría todo el periodo ya que cuando el presidente intentaba asumir su cargo, la muerte se lo impidió. El reelegido ganó, pero no gobernó.
En 1904 tras la Guerra de los Mil Días (1899 -1902) y la perdida de Panamá (1903), llegó al poder tras un fraude electoral, el general, Rafael Reyes, quien frente a un Congreso que no aprobaba lo que quería, ordenó su cierre, convocando una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa de “bolsillo”, que empezó por hacer una especie de reelección disfrazada, ya que le amplió el periodo presidencial de seis a diez años, los que no pudo gobernar, debido a que la presión popular lo obligó a renunciar en 1909, pasando a la historia como un dictador, que desbarajustó el ordenamiento jurídico a su favor, el que tuvo que ser reordenado en la reforma constitucional de 1910, por la que se prohibió la reelección inmediata, quedando permitida la que fuera luego de un periodo presidencial, esa que alcanzó Alfonso López Pumarejo para gobernar entre 1942 y 1946, teniendo que dimitir en 1945 bajo grandes escándalos de corrupción, después que hubiera gobernado con éxito entre 1934 y 1938.
Sumido el país en la Violencia, llegó al poder el denominado por los liberales, monstruo, el conservador, Laureano Gómez, quien fue derrocado por el teniente general, Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953, gobierno de facto que fue abalado por la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa que sesionaba por ese entonces, primero para gobernar hasta 1954 cuando terminaba el periodo presidencial y luego reelegido por ese mismo cuerpo legislativo para que gobernara el periodo 1954 – 1958, y aún reelegido para gobernar el siguiente, el que debía ir entre 1958 y 1962, teniendo que dejar el poder por el inconformismo del pueblo, el 10 de mayo de 1957, dando paso a una Junta Militar, la que a su vez entregó el poder al binomio, liberal – conservador de Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, que implantaron el oprobioso Frente Nacional (1958 – 1974). El dictador reelegido y todo, fracasó en su intento por mantenerse en el poder en forma indefinida.
Estando permitida la reelección, únicamente pasado un periodo presidencial la intentaron los ex presidentes Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Michelsen, ambos sin éxito. Convocada la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, como resultado del movimiento de inconformidad que se conoce como de la “séptima papeleta”, decidió prohibir la reelección en sus dos formas, inmediata y pasado un periodo presidencial, por considerarla nociva para la democracia formal que tenemos, ya que nunca hemos tenido una democracia real, mandato que fue reformado en el 2004 por un Acto Legislativo aprobado por el Congreso, y con el voto comprado y necesario de Yidis Medina Padilla, personaje oscuro que sin preparación alguna, únicamente habida de poder, junto a otros políticos interesados en saciar sus mezquinos intereses, aprobaron en un hecho bochornoso la reelección inmediata, permitiendo al presidente Álvaro Uribe Vélez alcanzarla en el 2006, después de gobernar entre 2002 – 2006, y tras haberse declarado cuando estaba en campaña, enemigo de la reelección.
Aún no ha terminado el periodo Uribe II, que ha estado llenó de escándalos de corrupción, falsos positivos, delincuentes en palacio, parapolíticos, pirámides, narcotráfico, paramilitares, la toma de la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Contraloría General de la Nación, el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación por parte del Ejecutivo, el privilegio en las cárceles para los delincuentes adeptos al gobierno, lo que ya muestra su fracaso, confirmando la regla que los reelegidos han terminado su segundo periodo de forma penosa para el país, únicamente para saciar los apetitos de poder del gobernante de turno, que nada le importan los intereses de la nación.
Nota 1: Empezó a trabajar el nuevo Procurador General de la Nación, la Procuraduría apeló el llamamiento a juicio del ex general, Rito Alejo del Río, pidiendo que se archive la investigación por sus nexos con grupos de paramilitares, sin importar los testimonios de muchos de ellos que han dejado claro el apoyo que recibieron del militar, incluso la entrega de detenidos a ellos para asesinarlos.
Nota 2. Da vergüenza la aptitud de algunos periodistas faranduleros, que han mostrado su disgusto contra los periodistas Jorge Enrique Botero y Holman Morrris porque dicen cosas que molestan al gobierno. La independencia periodística que les sobra a estos dos comunicadores, no la conocen los otros.