Fuera de su tiempo, está suelto un inquisidor. Otros fallos se esperan.
César A. Luque
28/07/10
Que a una persona se le violen sus derechos por una autoridad, es el paso previo para que a todas también se les violen los suyos. Estando en desacuerdo con algunas de las posiciones políticas de Piedad Córdoba, me parece grave el fallo que en su contra profirió el procurador Alejandro Ordóñez, destituyéndola e inhabilitándolo por 18 años para ejercer cargos públicos, que en la práctica la excluye de la vida política nacional, precisamente cuando hoy el país necesita personas que planteen discusiones sobre nuestra economía, desarrollo, política y por supuesto, la paz, esa que no alcanzaremos hasta que haya justicia social, ya que con acabar a la guerrilla no basta. Además a la guerrilla no la acabaran por la vía militar, resultando necesaria una negociación política seria, con reglas claras, en tiempo determinado, debiendo tratar a la par el problema del narcotráfico, el que tampoco acabaran por la represión, sin una paulatina despenalización, como lo han aceptado los expresidentes César Gaviria, Felipe González, Vicente Fox y Enrique Cardoso, testigos de su propia incapacidad.
Cualquiera puede discrepar con la senadora, pero de ahí a pregonar que pertenece a la guerrilla, hay un largo trecho, incluso pensando como uribista, ya que en el fallo proferido no hay prueba en ese sentido, cuando es obligatorio sustentar cualquier fallo en pruebas, legal y oportunamente allegados al proceso. El fallo de 140 folios está lleno de lugares comunes y especulaciones, estas últimas proscritas para sustentar una providencia.
Sostiene el inquisidor, ya que más parece un cruzado haciendo casería de brujas, como en la época colonial, que un administrador de justicia, que debe ser ponderado, ecuánime, imparcial, no fanático religioso como es quien intentó mancillar, sin lograrlo, la carrera política del senador Jorge Enrique Robledo, a quien antes de las elecciones acusó de tener nexos con las FARC, y después le archivo el proceso. Ese hecho está siendo investigado por la Corte Suprema, donde no auguro éxito, ya que el Procurador ha sido hábil repartiendo cargos entre allegados a los magistrados. Que vergüenza, para uno y otros.
Sustenta la decisión el Procurador en la supuesta información hallada en los medios electrónicos incautados, en otro país, Ecuador, en la Operación Fénix, donde fue abatido el guerrillero Raúl Reyes. Miente al decir que existen correos electrónicos entre el guerrillero y la senadora, ya que el miembro de policía judicial que analizó el material, el capitán Ronald Coy Ortiz, sostuvo que no había en el computador correos, sino documentos Word, lo que no permite sostener que haya salido del computador de ella información alguna, dándose una burda desviación probatoria. El fallador ratificó ese punto de vista en una entrevista radial, donde dejo claro que el recurso de reposición que deberá resolver, no tendrá ningún éxito. Violación esa al debido proceso, que debería entre otras cosas, ser suficiente para que se declarara impedido para desatar el recurso, para que fuera un Procurador especial para el caso, el que lo resolviera. Lo que no ocurrirá.
Una prueba que es poco sería, es el testimonio de un mentiroso profesional, el supuesto ucraniano, Viktor Tomnyuuk, que en entrevista de Noticias Uno, no pudo cantar el himno nacional de su país, ya que parece miente desde su nacionalidad.
Otra “prueba”, dice a folio 80:
“NN MASCULINO le informa a REY que esta recogiendo los sueros y el cable para llevarlos a la orilla y cuando llegue “esta señora” (puede referirse a la señora PIEDAD CÓRDOBA) echarlos. REY le dice a NN MASCULINO…”
Es una apreciación de un investigador, quien no trascribe lo dicho, sino deduce, pero además sostiene que de pronto la conversación puede referirse a la senadora, cuando para un fallo condenatorio se requiere prueba que de certeza de la ocurrencia del hecho y de la responsabilidad disciplinaria del investigado. Es obligatorio que cada duda se resuelva a favor de la investigada, clara en un proceso donde se le respeten sus derechos. Aquí eso no ocurrió.
También la acusó de enviarle consejos a las FARC, para que no enviaran videos de los secuestrados, sino grabaciones de voz. Si alguien recuerda, nunca fueron enviadas grabaciones de voz, entonces que supuesto consejo pudo dar. Otra afirmación, sería ridícula, sino fuera por la sanción impuesta, es haberle dado información a las FARC sobre la donación a un departamento de Colombia, cuando muchos lo vimos en telesur, cuando Chávez ofreció apoyo a esa región.
En general se sanciona el derecho que tiene la senadora y cualquier colombiano a opinar. La absolvió por traición a la patria. ¡Que reconocimiento! Por ese delito nunca nadie ha sido condenado. Otro hecho vergonzoso del Procurador, desechó los argumentos del defensor, sin esgrimir argumentos ni jurídicos, ni fácticos, lo que constituye violación al debido proceso y el derecho a la defensa.
En radio dijo el inquisidor, que Piedad no podía haber actuado en la defensa de Simón Trinidad y Sonia y haber visitado algunas guerrilleras en la cárcel. Grave precedente, ya que detenida una persona tiene derecho a la visita y a su defensa. También acusó a Piedad Córdoba de haberle dicho a la guerrilla que no devolviera a Ingrid Betancur, de lo que no hay prueba alguna al respecto en el auto. De esta forma el fanatismo de un funcionario se impone sobre el ordenamiento jurídico.
Nota: Ahora falta un rechazo vigoroso de algunos de quienes eligieron al Procurador, advertidos de sus prejuicios, como Gustavo Petro y otros compañeros del Polo. ¿No se arrepentirán?