Mientras unos líderes muestran el cobre, otros sacan la cara por la lucha social
César A. Luque F.
20/07/11
Mientras en la publicación periódica que viene haciendo El Espectador de los llamados Wikileaks capítulo Colombia, el 13 y el 17 de julio, deja ver la miseria y la mezquindad de algunos que son o fueron considerados líderes políticos de izquierda y hasta sindicalistas, que se la pasaban en la Embajada de los EE.UU. conspirando, y hasta poniendo en peligro a algunas personas que no comulgaban con sus precarias convicciones, otros, estos sí probados líderes, han liderado la lucha de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán.
En uno de esos Wikileaks se puso en evidencia que cuando la señora María Emma Mejía buscaba encabezar en el 2006 la lista al Senado por el Polo Democrático Alternativo (PDA) iba a la embajada gringa a quejarse porque no le habían entregado el partido, lo que no invalidó su posterior aspiración por el mismo a Alcaldía de Bogotá, abalada por muchos de quienes ahora se declaran los más puros. En el otro se evidencia como unos sindicalistas, a quienes el embajador identificó como pertenecientes a la confederación más grande del sector bancario y de un sindicato petrolero minoritario, llegaron a señalar de manera miserable que el ELN había fundado a la Unión Sindical Obrera (USO), cuando ese sindicato fue fundado en 1923, mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) nació apenas el 4 de julio de 1964, comandado por Fabio Vásquez Castaña, ex combatiente en bahía Cochinos (Cuba).
También en dicho documento diplomático señalan al ex presidente de la USO, probado dirigente sindical, César Carrillo, de tener nexos con las FARC, quien en su vida sindical siempre mostró convicción y compromiso con la lucha de los trabajadores, no la armada, estando hoy exiliado, miembro de la Asamblea por la Paz, organización que propugna por una solución política al conflicto.
En el mismo comunicado de prensa se pone en entredicho a la mayor central de trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de la que se infiere estaba infiltrada por intereses armados, demostrando la saña como la embajada gringa maneja la información que recolecta en Colombia, pero también como muchos que se dicen enemigos del imperio, cada vez que tienen oportunidad van a esa embajada a dar informes mentirosos en contra de sus oponentes políticos, mostrando ambas partes, embajada e informantes su verdadero talante, usando la difamación como su arma predilecta.
En contraste con al parecer la conducta vergonzosa de algunos líderes sociales ahora vivimos sin mayor difusión el ejercicio de la protesta social como la forma de obtener la materialización de los derechos de los trabajadores que se da en Puerto Gaitán (Meta) donde trabajadores petroleros se han levantado contra las precarias condiciones de trabajo y el abandono del Estado, representado en el inexistente Ministerio de la Protección Social, dirigido por enconados enemigos de los intereses de los trabajadores. Allí la CUT Meta y la USO representan de manera destacada a los trabajadores petroleros, que en medio del boom minero, siguen trabajando en condiciones indignantes, sometidos por multinacionales, que solo les interesa llevarse nuestros recursos naturales.
El representante de la USO, Rodolfo Vecino ha señalado que el problema es laboral, pero también social, ya que las empresas contratistas de las petroleras les pagan a sus trabajadores salarios miserables en condiciones precarias, pero además multinacionales petroleras y Estado le han incumplido a las comunidades donde están los pozos, que han visto perturbada su vida, pasando a tener problemas sociales de los que carecían, como la inseguridad, la prostitución, falta de servicios públicos, etc., los que les deben ser reparados.
Ahora las protestas han sido duramente reprimidas por la Policía a través de su cuerpo Esmad, reforzado desde Bogotá, tal como lo ha señalado de manera valiente el compañero, presidente de la CUT Meta, Timoteo Romero, a raíz de que en el Campo Caracara, donde trabajan 1100 trabajadores contratistas de Montajes JM, la que le presta servicios a Cepcolsa, filial de Cepsa (empresa dominada por el fondo Abu Dhabi)pararon, exigiendo nivelación salarial respecto de otras empresas del mismo sector, por lo que la empresa no vio inconveniente en despedir a sus trabajadores, con quienes se estaba llegando a un acuerdo, cuando nació otro foco de protestas en Barraca de Utría, Cristalinas y Campo Rubiales, el pozo más importante del país, explotado por la Pacific Rubiales de Canadá, donde entraron en paro 7000 trabajadores más. Al respecto dijo Gustavo Triana vicepresidente de la CUT, citado por la ENS: “Ninguna multinacional que explota petróleo en Colombia tiene trabajadores operativos o de mantenimiento con vinculación directa. Los únicos en esta condición son los del staff de dirección, el resto son contratistas, sujetos al Código Sustantivo, sólo que no reciben los salarios convencionales de la industria petrolera sino salarios arbitrarios. A los trabajadores de obras civiles sólo les pagan el salario mínimo, y un obrero especializado puede ganarse $2 millones, pero en otro país ganaría muchísimo más. Y aparte de eso, son salarios erosionados por el alto costo de vida de las zonas petroleras, donde todo es más caro”.
En medio del conflicto el vicepresidente Garzón pidió a los trabajadores que cesaran el paro, para hablar con las empresas, mientras al paso el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras amenaza con aplicarle a los trabajadores la recién promulgada ley de Seguridad Ciudadana, donde en un artículo se penaliza entre 2 y 4 años de prisión a quienes protesten, forma de control social usado siempre por lo que gobiernan, para el caso la oligarquía bogotana, liderada por el presidente Juan Manuel Santos, que solo ve en los trabajadores mano de obra barata, para que ellos y sus amigos empresarios logren millonarias ganancias, y votos para seguir gobernando, a su favor.
Y aunque pareciera que el problema es de unos trabajadores y sus empleadores particulares, Ecopetrol tiene una gran responsabilidad en el tema ya que es socia en el 30% de la empresa Cepcolsa y es socia en un 60% en el pozo de Pacific Rubiales. La USO también denuncia que 126 trabajadores petroleros en Cartagena fueron despedidos en Pamoi y Propilco, filiales de Ecopetrol, organización sindical a la que en estos días se han afiliado más de 4000 contratistas de la explotación de Campo Rubiales, llegando así la USO a tener 16000 contratistas afiliados, uniendo su lucha a la de ellos, la que se ha levantado en espera que una mesa de negociación solucione de fondo los problemas laborales, aunque ya hay denuncias de incumplimiento por parte de las empresas. La lucha empieza a dar frutos, demostrando que unidos los trabajadores si pueden avanzar, faltando mucho por conquistar.
NOTA: El PDA eligió a nuestro candidato a la Alcaldía de Bogotá, dándole la cara a la ciudad, tanto por los aciertos como por las equivocaciones. Ahora si empieza el debate.
