DE LOS PESOS Y CONTRAPESOS

Teoría de Montesquieu, hoy desconocida en el manejo del Estado colombiano

César A. Luque F.

16/04/09

En el mundo medieval europeo los gobernantes, reyes y monarcas ejercían el poder bajo la teoría de las dos espadas que fue planteada por San Agustín. Ella significaba que el monarca gobernaba teniendo dos espadas, una en cada mano. Una representaba el poder divino y otra el poder terrenal, adquiriendo así una condición casi divina, que le permitía hacer y deshacer, sin control alguno, ese era el modelo absolutista de gobierno que se mantuvo hasta la Revolución Francesa (1789), la que sirvió para erradicarlo, imponiendo un sistema de división del poder, que implicaba unos pesos y contrapesos que impiden el ejercicio absoluto del poder, el que siendo absoluto se corrompe absolutamente.

El primero en hablar de esa división del poder del Estado en tres poderes fue Aristóteles en la Grecia antigua, en su obra La Política, pensamiento que fue olvidado por mucho tiempo, siendo rescatado en el siglo XVIII, el de la Ilustración, por Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689 – 1755), uno de los pensadores de la revolución, en su obra El espíritu de las leyes publicada en 1748, quien desarrolló dicha teoría de forma más amplia, en los siguiente términos:

“En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el judicial de los que dependen del derecho civil.”

(…)

“Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.

(…)

“Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares”.

La separación del poder del Estado en Legislativo, representado por el Congreso, donde se hacen las leyes y puede reformar la constitución, el Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República para ejecutar las políticas públicas, darle dirección al Estado y el Judicial, que poseen las altas Cortes, especialmente la Corte Constitucional y la Corte Suprema para hacer cumplir las leyes vigentes, fue consagrada en nuestro medio en la Constitución Política de Colombia de 1991, aunque la primera que la contuvo fue la Constitución de la República de Cundinamarca de 1811, redactada por Antonio Nariño, estableciendo que cada rama del poder público además de cumplir sus funciones, propias de cada una, están para controlar a las otras.

El legislativo tiene la potestad de hacer control político a través de los debates al Ejecutivo, además de poder investigar a sus altos dignatarios por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la que desgraciadamente nunca ha funcionado, mientras que el Judicial puede a su vez procesar a los congresistas por conductas indebidas, como en el tema de la parapolítica, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los ha enviado a la cárcel y el Consejo de Estado les puede seguir procesos de perdida de investidura, que de prosperar significan la muerte política del afectado. Esa separación implica que ninguna rama del poder público debe inmiscuirse en las decisiones de otra, pero menos en la elección de sus dignatarios, ya que eso tiende a concentrar el poder, cosa que en Colombia se viene perdiendo.

Ese mediano equilibrio consagrado en la Constitución se rompió cuando fue aprobada la reelección presidencial en el 2004, que se dio en el 2006, cuando el Presidente poniendo todo el poder del Estado a su favor logró su segunda elección y hoy pretende la tercera, donde más que nunca podrá a su servicio todo el establecimiento colombiano.

El actual Presidente logró las mayorías en el Congreso, no por sus propuestas políticas, que es válido en cualquier democracia, sino por la negociación burocrática entre congresistas y el Ejecutivo, tipo entrega a familiares de embajadas, consulados, ministerios, etc. No es sino ver el caso del senador Antonio Guerra de la Espriella a quien se le dio el Ministerio de Comunicaciones representado por su hermana la ministra, María del Rosario Guerra de la Espriella, para poner un solo ejemplo. Igualmente presentó una terna para Fiscal General, de la que salió elegido su ex viceministro de justicia, Mario Germán Iguarán Arana, el que ha demostrado para quien trabaja, mientras a los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio por la “yidispolítica” se niega a resolverles su situación, al Personero de Bogotá en apenas unos días ha anunciado lo llevara a responder ante un juez de garantías. Que poca imparcialidad en el manejo político de los casos.

El Presidente hoy maneja los órganos independientes del Estado, la Comisión Nacional de Televisión a la que le ordenó bajar el precio por la concesión de los canales RCN y Caracol televisión, precisamente los que usa para su propaganda diaria. Unas por otras. Maneja la Junta Directiva del Banco de la República lo que el permite darle dirección a la política económica, cuando está debía ser dirigida por el emisor, economía que no estaba blindada, como lo pregonaba a diario el Ministro de Hacienda.

Tiene un Procurador General de la Nación de “bolsillo”, o como ahora le dicen, Absolverdor General, que absolvió a los ministros de la yidispolítica, concluyendo que en el cohecho, solamente es culpable quien recibe, no el que da, violando todas la teorías jurídicas sobre responsabilidad penal y disciplinaria, quien ni siquiera se ruboriza pidiendo condena para otro de los que recibió dadivas del gobierno, Teodolindo Avendaño. ¡Que coherencia!.

El Contralor General de la República también es de las entrañas del gobierno, es el hijo del ex presidente Julio César Turbay Ayala, uno de los mentores del presidente, quien además cuenta con programas como Familias en Acción, con el que en lugar de impulsar el desarrollo de empleo, en general de riqueza, lo usa para convertir en limosneros al mayor número de colombianos, para que dependan de él, y tengan que apoyarlo electoralmente. En ese programa a unas dos millones de familias se les “regala” mensualmente $50.000 por hijo menor de siete años, $15.000 si está en primaria y $30.000 si está en el bachillerato, aseguran así nada más unos cuatro millones de votos, ya que esas personas no tienen claro que ese dinero proviene del Estado, de nuestros impuestos, sino que piensan se lo da el presidente Uribe. Así que garantías podrán tener los demás candidatos a la presidencia. Ninguno.

Hoy se hace imperioso reformar la Constitución para restablecer los pesos y contrapesos, pero eso, solamente se podrá hacer cuando las mayorías en el Congreso sean de partidos políticos contrarios al modelo uribista de gobierno. Sin el cambio de la actual relación de fuerzas políticas al interior del Legislativo, nada se podrá hacer y los derechos de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres, de los homosexuales, de los indígenas, de los estudiantes, de los afrodescendientes, etc. seguirán siendo limitados. Los colombianos tienen la palabra en marzo de 2010 en las elecciones al Congreso, después de vencer el referendo con el que se busca aprobar la nueva reelección presidencial, no votándolo, como lo hicimos en el del 2003. Debemos votar masivamente en las elecciones para integrar el Congreso por candidatos progresistas que representen nuestros intereses y no los de las multinacionales, los terratenientes, los grandes comerciantes, los industriales, los grupos paramilitares o guerrilleros  y en general aquellos que desconocen y no les importan los derechos del pueblo colombiano, ese al que pertenece usted y yo.

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