¿Será que cada colombiano lleva un paramilitar en su corazón?
Por: César Luque
Agosto de 2007
Hasta cuando oí al presidente en Caracol diciendo que la independencia de la Corte Suprema de Justicia era relativa y no absoluta como lo establece el texto constitucional, había dicho que era ajeno al paramilitarismo, y que mal hacían quienes así lo calificaban, sin desconocer que se había beneficiado del poder mafioso, tanto en el 2002 como en el 2006, ya que muchos políticos que le pusieron votos hoy están presos por sus nexos paras, pero hoy puedo decir lo contrario ya que él se puso de parte de los paramilitares en contra de la Corte.
Hoy Uribe quiere que a los paramilitares se les de un status que no tienen, la de delincuentes políticos, tal como lo establece la Constitución y el Código Penal, sólo a consecuencia de unas mayorías ilegitimas que lo respaldan en el Congreso, siendo que los paramilitares nacieron para combatir a los delincuentes políticos, la guerrilla, y para asesinar dirigentes sindicales, sociales, campesinos, políticos de izquierda, funcionarios públicos honestos, todo para mantener los privilegios de muchos terratenientes, ganaderos, industriales, comerciantes y la clase política dirigente que no dirige, sino que delinque a su favor, salvo contadas excepciones.
La definición de que es delito político, no es de la Corte, ni de nuestro sistema jurídico, es una concepción reconocida mundialmente, como también lo son el habeas corpus, el principio de favorabilidad, el debido proceso, el principio de legalidad, el derecho a la defensa, el indubio pro reo, etc. Según Firoe son delincuentes políticos “aquellos que perturban el orden establecido por las leyes fundamentales del Estado, la distribución de los poderes, los límites de la autoridad de cada ciudadano, el orden social, los derechos y los deberes que se derivan.”, definición que es reconocida por Billet que dijo: “bajo la calificación de crímenes y delitos políticos, se colocan todos los actos que tienen por finalidad alcanzar, medios contrarios a la ley, al orden político o al orden social establecido en un país.”, mientras que Von Liszt los definió así: “Todos los delitos cometidos intencionalmente contra la existencia y la seguridad del Estado o de un Estado extranjero, lo mismo que aquellos dirigidos contra el jefe del gobierno…”. En ese orden de ideas, sólo comenten delitos políticos los que quieren desestabilizar el sistema constitucional existente, y los paramilitares nunca lo han hecho, el hecho que tengan tantos nexos con el Ejecutivo y el Legislativo demuestra que han es defendido el establecimiento, nunca lo han atacado.
Hoy el Código Penal establece tres tipos de delitos políticos, rebelión, sedición y asonada, siendo cobijados con ellos, ya con el sólo tipo de rebelión los guerrilleros cuando apenas están alzados en armas, ya que cuando cometen por ejemplo otro delito incurren en el delito, secuestro en concurso de rebelión, pero no como Uribe quiere hacer ver que sólo responden por sedición, condenas que desde hace años no se ven en la justicia colombiana, ya que hoy se tipifica es el de la rebelión.
Es bueno por eso definir la sedición, que es como la rebelión un alzamiento en armas para desconocer los poderes del Estado, sin pretender el cambio del sistema constitucional, que es la rebelión, por lo cual los miembros de grupos guerrilleros son condenados por este tipo penal.
Entonces no es cierto lo que quiere AUV hacer ver al país, que los paras son sediciosos, si está demostrado que operaban incluso apoyados por efectivos de las FF.AA., y jamás atacaron el establecimiento, como si lo han realizado los guerrilleros, cometiendo algunas veces también delitos atroces, pero con otra motivación que es lo que diferencia a un delincuente común de uno político.
En resumidas cuentas los paramilitares además de muchos otros delitos incurrieron en el de concierto para delinquir, que es un delito político y deben responder por el, junto con los de secuestro, homicidio, porte ilegal de armas, tortura, desaparición forzada, etc. Entonces si el gobierno quiere perdonar a los paramilitares, como lo quiere hacer debe acudir a otro mecanismo pero no a la de torcer la ley para hacer ver lo que no es, y es que nunca un paramilitar se ha levantado en armas contra el Estado y por tanto no han incurrido en delitos políticos, que no los dejaría por fuera de la actividad política, como si lo hace una condena por delito común, ese el afán del gobierno para que en unos años puedan ser elegidos servidores públicos por elección popular.
El intento de cambiar la ley a favor de los paramilitares por principio de favorabilidad llegaría a favorecer a los congresistas detenidos, de ocho de los diez partidos políticos que integran el Senado. Así están detenidos y serían beneficiados del Partido de la “U” Mauricio Pimiento y Jairo Merlano; de Cambio Radical Reginaldo Montes; de Colombia Democrática, Alvaro García Romero y Miguel de la Espriella; del Partido Liberal, Juan Manuel López Cabrales el principal elector rojo; del Partido Conservador, William Montes; de Alas Equipo Colombia, su fundador Alvaro Araújo Castro; de Colombia Viva, Dief Malof; de Convergencia Ciudadana, Luis Eduardo Vives, estando siendo investigados otros como Luis Alberto Gil (Convergencia), Rubén Darío Quintero y Luis Carlos Torres (Cambio Radical), Mario Uribe Escobar (primo del Presidente y fundador de Colombia Democrática), Julio Manzur (Partido Conservador). Los únicos partidos que han estado libres de investigación han sido MIRA y el Polo Democrático Alternativo.
Si los paramilitares logran convertirse en delincuentes políticos por la votación de quienes reemplazaron a los políticos detenidos, tendremos que aceptar la frase que medios periodísticos le atribuyen al presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Arboleda: “todo colombiano lleva un paramilitar en su corazón”.
cesarluque@yahoo.com