DE TRAICIONES A LA PATRIA Y OTRAS PERLAS

Suena más a desquite contra Piedad que a aplicación de la ley

César A. Luque F.

27/11/07

La frase aquella que dice que al caído, caerle, parece se esta poniendo en práctica en contra de la senadora, Piedad Córdoba, quien después de quedar en la mitad de la disputa Uribe – Chávez, sólo por haber intentado el intercambio humanitario, cuando la Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal decidió abrirle una investigación preliminar por el supuesto delito de traición a la patria, el que se abría cometido cuando en México en una conferencia manifestó que los países de América debían romper relaciones diplomáticas con el gobierno nacional, decisión a todas luces que parece ser más fruto de la aplicación de la justicia espectáculo, que la valoración jurídica juiciosa de una conducta, más cuando el delito establecido en el Código Penal establece: “Artículo 455. El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años”, conducta que no encaja en la desplegada por la dirigente liberal.

Esta indagación apenas preliminar, y que seguramente no pasará de eso, y por demás exótica otras veces se ha dado en nuestro país, pero hace muchos años, siendo el delito en mención una forma de persecución política. Veamos ejemplos de ello. Al que primero se le acusó de traición a la patria fue José María Obando luego de haber sido derrocado por su Comandante del Ejército, José María Melo el 17 de abril de 1854. El fiscal ante la Corte Suprema de Justicia fue el antes conspirador contra Bolívar el 25 de septiembre de 1828, después candidato a la Presidencia de la República y luego Procurador General de la Nación, Florentino González, el mismo que junto con el fundador del Partido Conservador, Mariano Ospina Rodríguez propuso entregar nuestro territorio a los Estados Unidos. La Corte condenó a Obando señalando que había propiciado su propio derrocamiento a favor de la fracción “draconiana” del Partido Liberal, en contra de la fracción a que pertenecía González la “gólgota”. La sentencia fue impugnada y pocos meses después la misma fue revocada por la propia Corte, siendo absuelto de todo delito, quedando la acusación en un atentado político contra un dirigente contrario a quienes lo acusaban, es decir, fue una arma política, no jurídica, como hoy.

En 1867 el presidente, Tomás Cipriano de Mosquera consciente de que iba a sufrir un juicio político en el Congreso procedió a cerrarlo, lo que suscito entre sus opositores su derrocamiento siendo sometido a juicio penal, por traición a la patria argumentando que había incurrido al comprar un barco que luego cedió al gobierno del Perú para que enfrentará una posible reconquista española. La sentencia le fue cambiada por que se fuera al exilio, utilizando el tipo penal como una forma de sacarlo del campo político nacional, pero no como una forma seria de perseguir un delito, más cuando estaba brindando apoyo a un país hermano, el que si caía en manos extranjeras daba paso a que el nuestro pudiera ser atacado.

De resto a nadie más se le ha acusado a nadie formalmente por dicho delito, el que realmente se encuentra en el Código Penal como un saludo a la bandera, pero que si se debía utilizar era para acusar al Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez al tratar de someter al país a un dominio extranjero, el de los EE.UU. por medio de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), donde nuestra soberanía queda seriamente afectada, ya que ese no es solamente un tratado comercial, sino que a través de dicho tratado se modifica el aparato judicial a favor de las multinacionales gringas, se pone en peligro la educación nacional, la salud cuando se amplían las patentes sobre los medicamentos eliminando los genéricos, la biodiversidad que es nuestra riqueza, la ponemos en manos de los EE.UU., para sólo citar unos ejemplos de la maravilla que ya firmo el gobierno, pero que el Congreso de los norteamericanos no ha aprobado debido a que los demócratas se oponen porque a través de ese tratado se pone en peligro puestos de trabajo de ellos por la mano de obra barata que se está implantando en nuestro país, como por medio de la Cooperativas de Trabajo Asociado, formas de esclavitud moderna impulsada por Uribe cuando era Senador.

Como se puede ver a Piedad Córdoba se le cobra haber participado en el proceso de intermediación, proceso que se convirtió en una celada tendida por Uribe a Chávez patrocinado por los EE.UU., sin que les importe la vida de los secuestrados, los que permanecerán seguramente así mientras gobierne el que acaba de lanzarse en búsqueda de su nueva reelección, ahora buscando firmas para reformar la constitución por medio de un mecanismo que ni siquiera esta contemplado como tal en la misma Carta Política, la iniciativa legislativa de un acto legislativo, cuando solamente se puede reformar por acto legislativo, asamblea constituyente y referendo, como la pretendemos reformar quienes estamos recogiendo firmas para convocar al pueblo a un referendo para adoptar un nuevo modelo de Sistema General de Participaciones, llamado equivocadamente transferencias. El pulso político esta planteado, mientras los uribistas se lanzaron en la búsqueda de firmas para reelegirlo en el 2010, nosotros vamos a convocar al pueblo a recuperar los recursos que son de la educación, la salud, el saneamiento ambiental, las vías terciarias, etc.

La patria es de todos los colombianos, no de los delincuentes que amparados en las armas se han aprovechado de gran parte del poder nacional, ni es del gobierno quien apenas es su representante transitoriamente, y no permanentemente como lo quiere el presidente Uribe Vélez, menoscabando el sistema “democrático” que existe en Colombia, que precisamente sustituyó a aquel donde un gobernando se perpetuaba en el poder en un Estado absolutista o un Estado Comunitario, contrario al Estado Social de Derecho que fue adoptado como organización política en la Constitución Política de 1991.

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