El mundo de las cooperativas de trabajo asociado
CÉSAR A. LUQUE
En 1851 se prohibió la esclavitud definitivamente en Colombia, después que desde el 21 Bolívar lo intentará hacer con la oposición de los terratenientes del occidente del país, entre quienes años después se destacó el patricio conservador, Julio Arboleda, quien decretada la libertad de vientres, que significaba que los hijos de las esclavas que nacieran en nuestro territorio serían libres, decidió hacer trasladar a las esclavas que estuvieran próximas a dar a luz a territorio peruano, para que allí nacieran sus hijos, luego de lo cual eran regresadas con sus vástagos, que aquí se convertían en esclavos por haber ingresado al país en esa miserable condición. Esa realidad de nuestra nacionalidad pensamos muchos había desaparecido para siempre, pero no fue así, hoy se impulsa desde el Estado colombiano una nueva forma de esclavitud, la de las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado.
Desde que en 1919 se empezaron a consagrar las primeras normas de carácter laboral, teniendo la Constitución Mexicana de 1917 como referente, se conocieron como derechos de los trabajadores, la huelga, la indemnización por accidentes de trabajo, la libertad de asociación sindical, el derecho a la negociación colectiva, el pago de un salario mínimo, el pago de prestaciones sociales, de pensiones, etc., luego que muchos trabajadores fueran asesinados por el régimen, en hechos que recuerda nuestra historia, tales como los de masacre de sastres en Bogotá en 1919, cuando protestaban contra la importación de uniformes para el Ejército con ocasión de la celebración del primer centenario de la independencia, la de Barrancabermeja en 1924 contra los trabajadores petroleros de la Tropical Oil y la de las bananeras de 1928 en Ciénaga a manos del Ejército dirigido por el coronel Cortes Vargas en asocio de la United Fruit Company, hoy Chiquita Brands, después de ser Bananos de Exportación S.A., más conocida como Banadex. Esos derechos que fueron reconocidos en las siguientes décadas a partir de 1990 empezaron a decaer, tras decretar el gobierno de César Gaviria Trujillo la apertura económica y con ella la flexibilización de las relaciones labores.
En 1990 se aprobó la ley 50, redactada y defendida en el Congreso por el actual presidente, Alvaro Uribe Vélez, norma a través de la cual se eliminó la retroactividad de las cesantías, el derecho al reintegro, se crearon los fondos de cesantías, se abrió las puertas del despido sin justa causa pagando una indemnización, siendo el primer golpe artero a la estabilidad laboral. En los años siguientes el mundo del trabajo siguió siendo atacado legal e ilegalmente. En 1993 fue promulgada la ley 100 impulsada por Germán Vargas Lleras, Alvaro Uribe Vélez y Juan Luis Londoño que estableció un nuevo sistema de seguridad social, por medio del cual se dio el primer paso para acabar el Seguro Social, resultado que hoy vemos a lo largo y ancho del país, donde miembros de grupos especiales de la Policía Nacional y el Ejército ingresan a las clínicas del Seguro y someten por la fuerza a celadores, enfermeras, auxiliares y médicos para cerrarlas.
En el año 2002 bajo el argumento mentiroso de que se impulsaba el empleo, se eliminó el recargo nocturno del 35% sobre el salario para quienes laboran en horas de la noche, cuando por la ley 789 se dijo que la jornada nocturna sería de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. y no como antes, entre las 6:00 p.m. y 6:00 a.m.. Se disminuyeron los montos de las indemnizaciones por despido sin justa causa, se les redujo el salario a los aprendices, sin que tres años después de entrada en vigencia esa ley haya disminuido el desempleo, a pesar de las presiones para que el Departamento Nacional de Estadística (DANE) muestre unas cifras mentirosas sobre el desempleo en Colombia.
Hoy estamos próximos a la implantación de una justicia oral en materia laboral, que sin ser pesimista y teniendo como ejemplo la justicia oral penal, seguramente significara la desaparición definitiva de los derechos laborales, bajo un sistema eficientista, pero poco garantista, sumado al galopante posicionamiento de las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado a través de las cuales las grandes empresas e incluso algunas entidades estatales incorporan personas a su planta de personal, sin que sean empleados, sino verdaderos contratistas. Los empleadores utilizan esa figura asociativa para eludir el pago de cesantías, intereses de las mismas, vacaciones, primas, dotación, indemnización por despido sin justa causa, reintegro en casos de acoso laboral, etc, ya que quien trabaja bajo esta modalidad no es un trabajador, sino un dueño de su propia cooperativa, y lo que recibe no es salario, sino una compensación que puede incluso ser menor al salario mínimo, siendo únicamente obligatoria la afiliación a la Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).
Quienes laboran por intermedio de cooperativas no son trabajadores, y no los rige la ley laboral, sino la ley civil, quedando así flexibilizadas las relaciones laborales, con miras a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, situación que nos permitirá competir en mano de obra barata y sin derechos. Quien no me crea, no es sino que vea a los empacadores de los grandes supermercados que piden limosna (su salario) a quienes pasa las cajas registradoras de pomposos almacenes como el Éxito, Olimpica, Carrefour y Cafam, entre otros, sin que el Ministerio de Protección Social o de desprotección como se debería llamar, se haya manifestado sobre está manera de explotación de la juventud trabajadora.
La flexibilización laboral implica un ataque directo a los derechos fundamentales de asociación y de negociación colectiva, ya que sin que existan relaciones laborales (contratos de trabajo a término indefinido) que impliquen estabilidad los sindicatos están llamados a desaparecer, y junto con ellos la negociación colectiva. La sociedad colombiana tiene la palabra, o defiende el trabajo en condiciones dignas y justas o se ve abocada a una nueva forma de esclavitud.