CONTRALORIA GENERAL PERSIGUE AL SINDICATO

Parece que en Colombia al ratón le dan la tarea de cuidar el queso

César A. Luque F.

13/08/13

Una de las más importantes instituciones de la estructura estatal colombiana debe ser la Contraloría General de la República, órgano de control, que debe velar porque los recursos públicos no se dilapiden, ni que personas sin escrúpulos los sustraigan. Sin embargo, eso que está en la Constitución Política de Colombia de 1991, en la realidad no se ve, ya que esta institución ha sido siempre un botín para quienes desean y lo han hecho, apoderarse de grandes sectores estatales que debían estar al servicio de los ciudadanos de a pie.

Esa Contraloría que fue creada en el gobierno de Pedro Nel Ospina (1924 – 1928) por la ley 42 del 19 de julio de 1923, como resultado de los estudios y recomendaciones que hizo la comisión Kemmerer, dirigida por el economista estadounidense, Edwin Walter Kemmerer, que también recomendó crear el Banco de la República, es la que ha estado en las últimas décadas de espaldas al gran problema nacional, la corrupción. La misma Contraloría, además de no cumplir a cabalidad su función, ha sido objeto de verdaderos secuestros, cuando politiqueros se la han tomado, para dar puestos, para hacerse el de oreja mocha, cuando debían investigar. Eso los ha convertido en verdaderos cómplices de la corrupción, por la pérdida de erario, cuando han dejado que se lo roben.

Al frente de la entidad han estado, David Turbay Turbay (1994 – 1998), Manuel Francisco Becerra Barney (1990 – 1994), Rodolfo González García (1982 – 1990), Aníbal Martínez Zuleta (1975 – 1982), y en los últimos tiempos Julio César Turbay Quintero (2006 – 2010) y la actual Sandra Morelli Rico, personajes, muchos de los cuales, en un país serio, y este no lo es, no llegarían ni siquiera a funcionarios de mediana importancia, pero aquí dirigen el que en otras épocas llamaron, Tribunal de las Cuentas. Un hecho reciente dibuja lo que ha pasado en la institución, fue la compra de una limusina que hizo el vástago del expresidente Turbay, que la hizo convertir en un verdadero monstruo, adaptándole diferentes esperpentos, para luego intentar, sin éxito, convencernos que era una oficina móvil. Qué disparate.

Claro, la actual Contralora no es mejor, ya que no pasa de abrir escándalos en los medios, que no terminan en nada. Los que sí tienen resultado son las acciones judiciales contra prestigiosos periodistas que se han atrevido a denunciar sus excentricidades personales, y su falta de resultados. Su persecución también cobija al sindicato, ASCONTROL, al que llegó a acusar de amenazarla de muerte, por tener un ataúd de utilería que usan en las movilizaciones, donde denuncian no solo a su jefa, sino por ejemplo, la situación de la salud, entre otros.

Ahora, usando el poder que da el derecho disciplinario, a iniciativa de la señora Mónica Esperanza Cano, Jefe de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, Laboratorio de Informática Forense (casi nada de nombre), la Oficina de Asuntos Disciplinarios ha iniciado investigación contra los funcionarios, Rosa Helena Tirado y Alan Dixon Pinzón Bautista, miembros de la Junta Directiva del Sindicato, por supuestamente haber facilitado al Noticiero de RCN Televisión la toma de unas imágenes de las instalaciones de los edificios abandonados, donde funcionaba la Contraloría en el centro de Bogotá, la Torre Colseguros y el edificio Cardenal Crisanto Luque, con las que el noticiero denunció que la Contralora había ordenado el traslado de la institución a oficinas en el Centro Comercial Gran Estación, donde debe pagar mensualmente 2.500 millones de pesos de arriendo, pagando a su vez, los gastos que representan en servicios públicos, vigilancia y demás, los edificios propios que ya no usan.

Hoy como no pueden amordazar a quienes desde afuera nos interesamos por la situación de la Contraloría, intentan sancionar a quienes adentro se han atrevido a denunciar el despilfarro de la administración Morelli, que en lugar de dar ejemplo, siendo austera, gasta dinero público a manos llenas, contribuyendo incluso en el deterioro de uno de los edificios emblemas de la ciudad, que si bien podía tener problemas logísticos, estos era más barato arreglarlos, que pasarse a otra sede a pagar arriendo, con un dinero que podría incluso comprar otra sede, a razón de 30.000 millones de pesos al año de arriendo. Así se impulsan negocios particulares con dinero público, constituyendo un posible detrimento patrimonial del Estado, el que es de todos, por lo que todos lo debiéramos proteger.

Siendo grave la situación, de perseguir a quienes ejercen el derecho fundamental de asociación sindical, lo es más, a partir de lo consagrado en el artículo 43 de la ley 1474 de 2011, modificatorio de la ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) que introdujo el numeral 64 en el artículo 48 que considera faltas gravísimas, que puede comportar como sanción, la destitución, lo siguiente:

Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la Ley 1010 de 2006, cometer, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción.

Norma protectora de aquellos que denuncien la corrupción, no como la entiende la Contraloría General, que siendo la entidad encargada de proteger el erario, tiene patente contra sus propios funcionarios, que se atreven a denunciar corrupción al interior de la entidad, para intimidarlos, empapelarlos, o incluso hasta arrebatarle sus derechos, cuando lo que deberían ser era objeto de un reconocimiento, claro si hubieran permitido la toma de las controvertidas imágenes. Se entiende, que quien despilfarra los recursos públicos, no se sabe para favorecer a quien, le incomode que lo denuncien. Pero los ciudadanos debemos estar del lado de los que denuncian la corrupción, no de quienes la comenten, por lo cual debemos expresar nuestra solidaridad y apoyo a los miembros de ASOCONTROL, que además adelanta una acción popular por moralidad pública, a consecuencia del exagerado gasto en arriendo, la que está para ser definida en segunda instancia por el Consejo de Estado, quien tiene la última palabra.

cesarluque@yahoo.com                                       www.escuelapopularjmc.co

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